A más de un mes de los actos de represión policial ocurridos durante la manifestación del 8M en Zacatecas, Mara Muñoz, acompañante jurídica de las víctimas, informa sobre retos en el acceso a la información, a los que se están enfrentando en su búsqueda de justicia por estos “hechos públicos y notorios de violencia contra manifestantes, que no pueden quedar en la impunidad”.
El día jueves 11 de abril, la abogada en representación de las víctimas, requirió el informe de las observadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) ante esta institución, el cual no fue proporcionado bajo el argumento de que este organismo “ya no tiene capacidad de brindar esa información”, al haber atraído el caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Esto impone un reto a las víctimas en cuanto al acceso de justicia” indicó Mara Muñoz, quien asistió este viernes al Ministerio Público para solicitar este informe, al igual que el de la jueza municipal que el día 8 de marzo atendió a las mujeres arbitrariamente detenidas en la Comandancia de la colonia Europa.
Las diligencias, que aún no se han hecho por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), incluyen el levantamiento de muestras de sangre (identificación mediante el reactivo Bluestar) y el análisis de los vídeos donde se observa que hubo rastros de sangre en las paredes.
Además, resulta preocupante que el C5 siga sin reportar las cámaras del perímetro donde ocurrieron los hechos (principalmente de la calle del Deseo y del callejón de las Campanas); y tampoco el seguimiento del recorrido de aproximadamente 1 hora y 10 minutos de las patrullas que condujeron a las mujeres detenidas “dando vueltas por varias calles y avenidas de la ciudad”, tras haber sido golpeadas, amenazadas y sometidas.
Abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y tentativa de feminicidio son los delitos que están siendo investigados por las instancias pertinentes por la totalidad de los hechos que han quedado evidenciados en los videos y en los testimonios de las víctimas.
En el caso de la CNDH, Mara Muñoz comenta que hace quince días las visitadoras de ese organismo “se llevaron todas las quejas, todo lo que obraba en la carpeta de investigación, hicieron algunas otras diligencias en diferentes instituciones”.
Al momento, está sucediendo el proceso de investigación, sin embargo, la esperanza de las víctimas, de las acompañantes y de las muchas instituciones y organismos defensores de derechos humanos que siguen de cerca este caso, es que pueda haber un pronunciamiento pronto, que se adelante a la recomendación que emitiría la Comisión Nacional, en vista de la gravedad y flagrancia de los hechos.
El llamado a la CDHEZ por parte de las víctimas es que continúe una postura de colaboración para brindar los datos que ellas necesitan en su búsqueda de justicia.
La información no debe negarse a las víctimas argumentando “temas procedimentales”, pues esto por si solo constituiría una violación de los derechos humanos de las manifestantes que, recordó, fueron reprimidas por protestar en contra de la violencia que sufren las mujeres y ahora requieren que sus declaraciones sean reforzadas “con otras pruebas que sirvan para concatenar y generar convicción en las juezas y en los jueces”.
“El esclarecimiento de estos hechos sin duda mandará un mensaje de cuál es el tono en la administración del fiscal actual que está al frente de la FGJEZ en relación a los hechos cometidos por funcionarios y funcionarias públicas, con puestos de autoridad”, expresó Mara Muñoz, enfatizando también que es sumamente importante esclarecer los hechos, no sólo en cuanto a autores materiales, sino identificando a los autores intelectuales.
La credibilidad de las instituciones está en entredicho en este caso, señaló la abogada feminista, por lo que se está a la expectativa de una investigación minuciosa y científica, que brinde un mensaje claro y contundente a la ciudadanía “acerca del tono de su ejercicio como instancias públicas”.
