El reconocido académico Mauricio Merino ha llamado la segunda transición democrática de México, a “los esfuerzos, tropiezos y desafíos en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas”. No hay mucho que objetar a su propuesta de análisis. Si bien la primera etapa de la lucha por la transición democrática en México buscó acceder a un ejercicio de accountability vertical (en términos de Guillermo O’Donnell), en la que la ciudadanía pudiera llamar a cuentas a sus representantes a través de las elecciones, y con ello, castigar o premiar su desempeño político, fuera refrentando u optando por otra opción política en la boleta, esta segunda transición obedece a la lógica de lograr consolidar un sistema de accountability horizontal, también según O’Donnell, en la que los servidores públicos, rindieran cuentas a otras instituciones por su actuar en la función pública, garantizando así, además de los beneficios de “la oposición política” dada a través de las elecciones y la competencia por el poder, el equilibrio y contrapesos institucionales, que más que oposición son eso, equilibrios que el poder ejerce sobre sí mismo a través de sus propias instituciones.
El anterior recuento, aunque hecho múltiples ocasiones, merece hoy un recordatorio, justo por el ambiente de competencia política en medio de las ya reiteradamente calificadas, elecciones más grandes de la historia de México. Pero también en medio de un debate público (siempre bienvenido), provocado por el papel y desempeño de instituciones antes y durante este proceso electoral, entre dichas instituciones podemos citar a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y muy destacadamente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es importante que, tirios y troyanos, entendamos esta diferencia. Mientras que el papel de la oposición, descansa, desde su naturaleza misma, en una pugna por el poder, la de los contrapesos y equilibrios horizontales, más que una lucha política, se trata de un asunto de cumplimiento constitucional, jurídico y administrativo. La razón de la intervención de estos órganos, obedece a que la Constitución misma los creó para que velaran por el cumplimiento de lo que en ella se estipula y lo que las leyes secundarias, reglamentarias y demás normativa particulariza, en cuanto a procedimientos, garantías y mecanismos de cumplimiento en sus respectivas materias.
Y, sin embargo, aunque son de naturaleza y objetivo distintos, ambas funciones se complementan: la rendición de cuentas consolida sustancialmente a la democracia, y a su vez, el ejercicio democrático de elecciones libres, pluralidad y competencia, permite que se garanticen las tareas que las instituciones creadas para tales fines.
En próximas participaciones, habremos de explorar y ampliar este debate, que, en medio del proceso electoral y de la crispada agenda pública que, un día sí y otro también, tiene como protagonistas a las instituciones antes mencionadas, se hace necesario para no olvidar que, a donde quiera que elijamos ir, necesitamos de ambas: las elecciones y las instituciones. ■
@CarlosETorres_
