En un escenario donde los partidos políticos presentan tan pocas diferencias, y además, navegan en una brutal mediocridad en los planteamientos de qué hacer en el ejercicio público y resolver los problemas públicos, la mejor decisión para aquellos que nos interesa generar modificaciones en la realidad para forjar desarrollo humano en nuestros territorios es incidir directamente sobre las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de programas y proyectos que enfrentan los problemas públicos. En un sistema de partidos diferenciado y competitivo tenía sentido la idea de que una vía para cambiar de rumbo a la sociedad pasaba por hacer ganar una de las opciones políticas en competencia. En estos momentos, con un sistema de partidos poco diferenciado, se compite entre grupos de interés no entre proyectos sociales.
Así las cosas, la estrategia para generar los cambios sociales requeridos sufre una modificación importante: el ámbito de acción es directamente en los entramados institucionales de los gobiernos y los grupos sociales que son actores/beneficiarios de las políticas públicas. La lucha por la democracia traslada su foco de los procesos electorales a la llamada ‘democracia gubernativa’: la pretensión de estimular la participación ciudadana en la construcción de las decisiones, diseños y procesos de implementación de los programas sociales. En suma, para muchos de aquellos que nos interesa generar cambios que atiendan la pobreza, desigualdad o la calidad de vida de la población, se corre la acción del sistema de partidos al ámbito interno de operación de la política pública.
A su vez, ya instalados en el ámbito interno de la política pública (pp), la pregunta cae sobre la estrategia para generar los cambios dentro del ámbito de operación de las pp. El camino que hemos sintetizado es uno que combina tres componentes: (a) evaluar, (b) re-diseñar, (c) activar.
La evaluación es esencial. Las presiones que recibe esta función por parte de los grupos de interés es mucha: los opositores quieren que todo se presente como negativo y donde nada sirve, para poder usarlo en los procesos electorales contra el partido en el gobierno, y los del partido en el gobierno (sea cual sea el partido) hacen lo mismo pero en sentido inverso: quieren que se presente como que todo está bien o va por buen camino para legitimar su continuidad en el poder. Por ello debemos alejarnos de ambos polos: lo que nos debe preocupar son los problemas mismos y los procesos con los cuales se enfrentan, y no los grupos de interés que se juegan su conducción. Por ello, es vital que la evaluación sea lo más objetiva posible. Para lograr la objetividad es importante se haga público no sólo las metodologías y las fuentes, sino los supuestos como el enfoque desde donde se observa el programa en cuestión y lo fines políticos del mismo. Una evaluación es un evento técnico y político (en amplio sentido) al mismo tiempo.
Pero la evaluación no tiene su fin en sí misma: es para mejorar o cambiarle el rumbo a las políticas. Luego se percibe cierto fetichismo en las evaluaciones, como si tuviera finalidad inherente. Y no es así. La mejora de los programas está en función de su efectividad para solucionar o reducir los problemas. Esto es, el centro de la preocupación son los problemas mismos, las evaluaciones son medios e instrumentos solamente. Nunca hay que olvidar eso. Así las cosas, el paso siguiente es visualizar y plantear nuevos diseños de la estrategia como de los procesos de implementación que mejoren la efectividad de la acción del Estado en la atención de la violencia, la enfermedad o el empleo precario. La evaluación debe llevar a re-diseñar o ajustar los programas y proyectos de gobierno. Es trabajo de laboratorio. Si la evaluación no conduce a este proceso no tiene ningún sentido hacerla. De otra manera, será mero insumo para el golpeteo o la adulación de grupos de interés, pero no para la población afectada por los problemas. El trabajo de laboratorio tendrá sentido, a su vez, si hay algún mecanismo para que las mejoras se lleven a efecto. Y en esto último ayuda mucho que la población a través de sus actores sociales se involucre en la definición de los diseños y los procesos de implementación. Esto es, lograr la participación ciudadana. Es lo más difícil. La ciudadanía se logra ejerciéndola. Ahora mismo tenemos una ciudadanía de baja intensidad. La nueva meta de la democracia no es sólo mejorar el sistema de partidos, sino lograr ciudadanía de alta intensidad. Es la base misma de la democracia y el motor mismo del cambio social. La propuesta de los presupuestos participativos, en este contexto, son una medida vital. Porque los presupuestos son el mejor mecanismo para lograr que las recomendaciones de mejora se lleven a cabo y, al mismo tiempo, el mejor incentivo a la participación ciudadana. En suma, los tres ingredientes para gestionar el cambio social desde el interior de las políticas, es establecer tres componentes enlazados entre sí: un buen sistema de evaluación, un laboratorio de políticas y modelos efectivos de presupuesto participativo. Tres componentes, que si logran conectarse, pueden hacer las veces de la triple hélice para el desarrollo humano.