En el devenir de la universidad pública mexicana, son contados los rectores que han merecido un lugar incuestionable en la historia nacional. Nadie pone en duda la excelencia de los maestros Justo Sierra (fundador de la universidad laica), José Vasconcelos (promotor de la universidad y educación públicas en la etapa posrevolucionaria), Javier Barros Sierra (defensor a ultranza de la autonomía en sus épocas de mayores desventuras) o la de Pablo González Casanova, quien, al tiempo que garante de los valores antedichos, dotó a la UNAM de dimensión social en los tiempos modernos.
También a nivel local, y en los años que nos constan, encontramos algunos ejemplos que honraron su papel de rectores en momentos difíciles. ¿Quién se atrevería a desacreditar el papel cardinal que en su momento desempeñó Magdaleno Varela Luján en el contexto que supuso la primera Ley Orgánica de la amadísima UAZ (1968) y la reforma académica de 1972 respecto del conservadurismo zacatecano y los poderes públicos locales; o la defensa de la legalidad y autonomía universitarias que desempeñaron personajes como Jesús Manuel Díaz Casas y Jorge Eduardo Hiriart Estrada, en tanto que cabezas administrativas de la misma, en el año aciago de 1977?
Por desgracia, también hay rectores cuyo comportamiento rápidamente los convierte en esperpentos patéticos auto despojados de legitimidad. Cuando un rector (leáse Armando Silva Cháirez) esgrime como perpetuo y único argumento para sostenerse en sus funciones, el de que cuenta “todo el apoyo del sr. Gobernador” (no con el de los universitarios a quienes supuestamente representa, y, para colmo, tal apoyo gubernamental tampoco se manifiesta muy contante y sonante que digamos); y no tiene el valor ni de dar la cara a esa comunidad y sus problemas; y lo paraliza el pavor hasta para convocar a su autoridad máxima (el Consejo Universitario) con el propósito de construir una propuesta sistemática que asegure la viabilidad estructural de la amadísima; y, en suma, resultó más fácil dar con el paradero de La Tuta que con la patronal universitaria en los hoteles y restaurantes de la ciudad durante la huelga, este personaje está a un pelito de convertirse en un rector espurio.
No es de extrañar, por tanto, que a lo largo de este movimiento de huelga se haya limitado a turnar al Spauaz, por escrito, puros galimatías humillantes, conculcadores, uno sí y otro también, de la seguridad social y la seguridad en el empleo (derechos históricos no sólo de los afiliados a tal o cual sindicato, sino de todos los asalariados del país); ni que el ritmo de esos planteamientos haya observado escrupulosamente la periodicidad marcada desde Palacio de Gobierno.
Peor aún: ahora parece que el Ejecutivo del estado estuviera en mejor disposición que la Rectoría de encontrar una (inaceptable todavía, según acuerdo del Comité de Huelga) puerta de salida al conflicto.
Uno tiembla ante la sola hipótesis de que Armando Silva hubiera sido rector de la amadísima en los años 70. Por lo pronto, de un tiempo a esta parte, más parece el escudero de su valiente valedor, el que, como muestra de “todo su apoyo” se limitó a “garantizar”, pero con dinero ajeno (dinero de la misma UAZ, según escrito de este miércoles 11 de marzo) la mitad de los depósitos al ISSSTE para el año 2015. Es decir: te voy a estar restando dinero de tu subsidio anual a título de préstamo obligado para disimular que te ayudo con tu seguridad social. Eso demuestra que, a tres semanas de huelga, seguimos sin salir de los galimatías. Y todavía espera que los profesores del Spauaz se lo agradezcan. A caso este espíritu complaciente le alcance al Rector el día de mañana para cargar el maletín de su fantástico valedor.
No hay duda: la amadísima tiene el portentoso reto de extirpar de sí todos su vicios y deformaciones, y vaya que los tiene (salarios desmesurados para la burocracia, invención de puertos administrativos y académicos sin perfil para pagar favores electorales a la clientela política de turno, solapamiento por las mismas causas a ciertos faltistas crónicos, tiempos completos tanto en la UAZ como en despachos, consultorios o como funcionarios públicos, lugares y funciones a los que por cierto nunca faltan, etc.).
Pero esto, para que redunde en un elemento estabilizador de la vida universitaria y no abra otro paréntesis de confrontación con el Estado, como en el mencionado 1977, jamás deberá hacerse a espaldas de los que (esperemos que para bien) serán sus directos realizadores y afectados, y menos desde el clandestinaje supuestamente modernizador, o los espacios de complicidad fáctica con algún hoy por hoy famoso aspirante a timonel en el Ejecutivo local para el próximo sexenio, sino desde la autocrítica honorable y con la participación de los sectores universitarios que, esto sí, serían los únicos garantes para abandonar ese cuestionable cul de sac en que hoy se encuentra la amadísima y convertirse en alternativa concreta de solución a los problemas concretos de uno de los estados más pobres y peor planificados del país: Zacatecas. ■
