La Reforma de Pensiones presentada por el presidente plantea que las jubilaciones sean del 100% a los que se retiren con la ley 1997. La pensión de retiro será igual a su último salario hasta un monto equivalente al salario promedio mensual registrado ante el IMSS que es de 16,777 pesos. Cabe notar que la mayoría de los empleadores registran a sus trabajadores en el IMSS con un salario mínimo y hasta dos salarios, para pagar lo menos posible en dichas cotizaciones, por lo que la mayoría terminará recibiendo un salario mínimo y el resto de los trabajadores recibiría dos salarios mínimos. Hay que señalar que no se contemplan medidas para que el 56% de la población económicamente activa (que se encuentra en la economía informal y no es sujeta a pensión), pase a la economía formal y así aumentar el número de pensionados. De esta manera se mejoraría a su vez el monto de los fondos de pensión. En la propuesta de Reformas no se propone que estos fondos sean manejados por el gobierno a favor del desarrollo productivo y del empleo. No se considera el problema de que muchos trabajadores no logran cumplir el número de semanas de trabajo y de cotización para ser sujetos a la pensión, debido a los problemas de desempleo y subempleo y no se establece una política que garantice estabilidad en el trabajo para que puedan cumplir las semanas necesarias de cotización para su jubilación.
En el país hay diversos montos de jubilación entre los que se retiran, por ejemplo, los de la Suprema Corte de Justicia, los de Banxico, de Nafin, como los de Pemex, de la CFE, entre otros. La Iniciativa de Pensiones solo coloca topes de jubilación a los del IMSS en torno al salario promedio que ahí predomina, pero no coloca topes a las pensiones estratosféricas que reciben jubilados de diversas instituciones y de empresas públicas.
Se menciona que para que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse, el fondo de pensiones se integrará por aportaciones del gobierno provenientes de diversas fuentes, entre otras, la eliminación de 18 organismos descentralizados y 7 órganos autónomos. Considero ello innecesario pues las mejores jubilaciones incrementarían la demanda y la actividad económica, lo que se traduciría en mayores ingresos para las empresas y familias y aumentaría la recaudación tributaria, lo que impactaría favorablemente sobre las finanzas públicas. Hay que recordar que el gasto es el que genera el ingreso y se estaría autofinanciándose.
La política de otorgar el 100% del último salario recibido a los que cotizan en el IMSS, junto a la política del aumento a los salarios mínimos respecto a la inflación, deben ir acompañadas de políticas dirigidas a impulsar la producción de bienes de consumo salarial para que haya oferta suficiente para satisfacer la mayor demanda que generarían dichas políticas y así evitar presiones sobre precios e importaciones y sobre el déficit de comercio exterior.
La Iniciativa de Ley que plantea que el salario mínimo no podrá aumentar por debajo de la inflación, es una propuesta insuficiente de aumento salarial, pues la participación de remuneraciones y salarios en el ingreso nacional ha disminuido significativamente desde 1981 a la fecha. De ser 41% en 1981, pasó a ser 31.7 % en el 2018 y es de 26.1% en el 2023, a pesar del aumento al salario mínimo que se ha dado en el presente gobierno, debido a que se ha depauperado la estructura salarial. Aumentaron los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos y se ha reducido significativamente los que reciben más de dos salarios mínimos. No es suficiente plantear que el incremento de los salarios mínimos no debe ser menor a la inflación, sino debe plantearse que todos los salarios además de la inflación deben retribuirse en función de la productividad y de las ganancias de las empresas, a fin de recuperar la pérdida que han tenido por décadas y que ha acentuado la desigualdad del ingreso. Ello no implicaría pérdidas para las empresas, pues se incrementará la demanda, lo que aumentaría ventas e ingresos de las empresas.
Finalmente, respecto a la Iniciativa de apoyo al campo, se insiste en los precios de garantía y en otorgar fertilizantes gratuitos a pequeños productores y hasta fecha ello no ha resuelto la escasez existente de la producción de granos básicos del país, ya que se importa el 55% de lo que consumimos. Se requiere de política agrícola para alcanzar la autosuficiencia alimentaria de granos básicos, así como política industrial que impulse la sustitución de importaciones para aumentar el valor agregado nacional de lo que se exporta y de lo que se produce para el mercado interno, como para reducir el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia de la entrada de capitales. Sin olvidar la necesidad de una política de empleo formal para todo aquel que lo busca y no lo encuentra.
