Cuernavaca, Mor., Por décadas, Morelos fue para miles de habitantes de la Ciudad de México y de otras entidades cercanas un refugio para escapar de la rutina. Antiguas haciendas convertidas en sitios de descanso, casas de fin de semana, balnearios y pueblos de raíces originarias ofrecían un ritmo de vida distinto.
Ese arquetipo comenzó a resquebrajarse hace más de una década, cuando enfrentamientos entre grupos criminales, extorsiones, homicidios, feminicidios y deficiencias institucionales dejaron de ser episodios excepcionales para convertirse en algunas de las principales preocupaciones de sus habitantes.
La muerte de Arturo Beltrán Leyva, abatido por la Marina en Cuernavaca en diciembre de 2009, durante la llamada “guerra contra el narco” del gobierno de Felipe Calderón, marcó un punto de inflexión. El operativo no acabó con las redes criminales, sino que abrió una pelea por el control de su estructura. Los homicidios se dispararon más de 300 por ciento, al pasar de 259 aquel año a mil 125 en 2024.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mantienen a la entidad entre las más violentas del país: ocupa el séptimo lugar por número de homicidios y el segundo si se considera la incidencia por cada 100 mil habitantes.
La crisis también ha alcanzado a las instituciones. En mayo de 2026, como parte de la operación Enjambre, fueron detenidos funcionarios y ex funcionarios de la región oriente, entre ellos Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, ex alcalde de Yecapixtla, y Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, por presuntos vínculos con estructuras criminales y delitos como delincuencia organizada.
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), las movilizaciones estudiantiles detonadas por casos como la desaparición y el feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán, en marzo de este año, han colocado en el centro de la discusión las desapariciones, la violencia contra las mujeres y la exigencia de seguridad.
A dos años de iniciada su administración, la gobernadora Margarita González Saravia sostiene, en entrevista con La Jornada, que la seguridad ocupa el centro de su agenda.
Atribuye parte de la crisis a la gestión del ex fiscal Uriel Carmona, quien llegó al cargo en 2018, durante el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, y permaneció en él durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. También exige corresponsabilidad a los municipios, particularmente a los gobernados por la oposición.
“Lo que quiero es que en mi estado avancemos con el tema de la paz y la seguridad como asuntos centrales”, afirma.
Asegura estar dispuesta a dialogar con las estudiantes de la UAEM: “fui revolucionaria de joven, las entiendo muy bien”.
Defiende, además, el potencial económico de Morelos, donde identifica actividades como la industria manufacturera, la investigación científica, el campo –“con 90 productos de exportación”– y el turismo, que recibe 11 millones de visitantes al año. Añade un proyecto para atraer recursos mediante la producción audiovisual.
No recibieron con fallas
–¿Qué estado encontró al asumir el gobierno?
–Encontré a Morelos con poca inversión en infraestructura y con problemas de seguridad, que es la demanda principal de la ciudadanía.
“Somos un gobierno de la Cuarta Transformación. Antes no existía ese proyecto aquí. Había un gobierno emanado del movimiento, pero no un proyecto de Cuarta Transformación.”
–Morelos lleva más de una década inmerso en una crisis de violencia. ¿Cómo se llegó a esta situación?
–Teníamos un fiscal, Uriel Carmona, que permaneció durante los seis años de Cuauhtémoc Blanco. Era fundamental ese cambio en la fiscalía y fue una de las primeras tareas que emprendimos. Su salida nos ayudó a iniciar la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y las fuerzas federales.
–¿Qué responsabilidad atribuye a la fiscalía de Uriel Carmona en el agravamiento de la violencia?
–Fue fundamental cambiar esa institución. En su periodo no hubo acciones contundentes contra el crimen; se dejó muy laxa esa parte. Cuando llegamos había grupos del crimen organizado operando y ahora están en prisión.
–¿Qué tanto explica la muerte de Beltrán Leyva la violencia actual?
–El problema de los cárteles está presente en todos los estados. Aquí, por desgracia, desde la época de Carlos Salinas de Gortari hubo una incursión de los principales cárteles del país.
“Tenemos un estado muy céntrico, rodeado de Guerrero, Puebla, la Ciudad de México y el estado de México. Es una entidad de mucha movilidad, en el sentido positivo, por el turismo y la economía, y también en el negativo (por el crimen).”
Sin cámaras ni C5
–¿Qué tan extendidas están hoy las organizaciones criminales?
–Seguimos la misma estrategia de seguridad de la Federación. Tenemos una coordinación muy fuerte con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y su equipo. Eso nos ha permitido detener bandas muy peligrosas. Tenemos más de 500 personas capturadas, entre ellas integrantes de grupos que operaban aquí.
“Cuando llegamos prácticamente no había cámaras y el C5 no funcionaba. Ahora hemos invertido una cantidad importante en arcos carreteros y cámaras de vigilancia. Aumentamos el salario de los policías de 8 mil a 15 mil pesos.”
–Las cifras del SESNSP mantienen a Morelos entre las entidades con mayores problemas de violencia. ¿Cómo enfrentar esa situación?
–En un año hemos trabajado de manera más consistente y logrado bajar los índices de inseguridad. A veces hay acontecimientos que tienen un efecto mediático, como algún feminicidio, pero en términos generales hemos reducido 51 por ciento los homicidios y 20 por ciento la extorsión, esto último por el trabajo del Plan Cuautla. Incrementamos en 300 por ciento los cateos.
“En el caso de la fiscalía, prácticamente se ha resuelto 80 por ciento de los feminicidios de estos dos años.”
–¿Qué revelan las recientes detenciones de autoridades municipales?
–Es importante señalar que donde mayores casos de incidencia delictiva hay es en municipios gobernados por el PRI y el PAN: Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Jiutepec. Luego hablan de la inseguridad, pero no se hacen responsables. Los municipios son corresponsables de los temas de seguridad.
–¿Hay investigaciones contra gobiernos anteriores?
–Hemos puesto las carpetas de investigación en manos de las fiscalías anticorrupción sobre los temas que detectamos. Ya les corresponde a ellas continuar las investigaciones.
–Morelos cuenta desde hace años con una alerta de violencia de género. ¿Por qué persisten los feminicidios?
–Lo que nos está funcionando muchísimo es el programa que emprendió la presidenta Claudia Sheinbaum de los Centros Libres de Violencia. Tenemos sedes en 20 de nuestros 36 municipios.
–Los registros del SESNSP distinguen entre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. ¿No deberían investigarse todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, como ha demandado la Presidenta?
–Una muerte violenta de una mujer se debe catalogar como feminicidio en primera instancia. Creo que es un tema de la fiscalía.
–Hay casos emblemáticos, como el de Kimberly…
–No me gustaría hablar de casos particulares. Conozco cada uno de ellos y les di seguimiento personal con las propias familias. Hay temas delicados que no voy a tocar.
–Las movilizaciones de la UAEM han evidenciado el malestar de los jóvenes ante las desapariciones, los feminicidios, los robos y el acoso. ¿Qué está pasando en la universidad?
–Son cosas que ocurren fuera de la universidad, en los ámbitos familiares. Son estudiantes de la UAEM, sí, pero sus casos han sucedido fuera del ámbito universitario. Eso no significa que se hayan originado por cuestiones cercanas a la institución. Sin embargo, creamos un plan de seguridad para apoyarla.
–¿Y los estudiantes de la preparatoria dos?
–También es lo mismo. Iban a una fiesta en su colonia y ahí sucedió.
“Se ha detenido a los feminicidas. No es sólo el caso de la ciudadana española; han sido prácticamente todos. El de Claudia Tacoronte fue mediático y la sociedad nos ayudó. La gente identificó al responsable y señaló dónde estaba para que llegara la policía. La ciudadanía también puede ayudar.”
–Hay denuncias de estudiantes sobre una posible red de trata y presencia de narcomenudistas en las instalaciones universitarias. ¿Qué información tiene?
–Lo que sí tenemos es que los narcomenudistas buscan entrar a todas las universidades, secundarias y hasta primarias del país. Los jóvenes son una carne de cañón.
–¿Cuál es el reto para su administración ante el próximo proceso electoral?
–Tener como movimiento la mayoría calificada en el Congreso estatal. Nos interesa mucho que nos ayude a hacer ley nuestros programas sociales y que nos siga apoyando en materia de seguridad.
