“El movimiento de renovación política que Francisco I. Madero inició en 1910 como una lucha por hacer efectiva la democracia según el marco de la vieja constitución de 1857, terminó por dar vida a un sistema corporativo, no democrático, basado en una presidencia muy fuerte que anuló cualquier posibilidad de división constitucional de los poderes, y en un partido que por más de medio siglo impidió por todos los medios a su alcance -legítimos e ilegítimos- el arraigo de la competencia buscando evitar así la existencia de elecciones con certidumbre, o sea, de elecciones reales”. (Lorenzo Meyer, el fin de régimen y democracia incipiente, México hacia el siglo XXI, Editorial Océano).
Contrario a lo arriba expresado (en 1998) por el historiador Lorenzo Meyer; la derecha mexicana, los privilegiados, así como la embajada de Estados Unidos en México, sostienen que la transformación del Poder Judicial atenta contra la democracia, desalienta la inversión extranjera y asesina la división de poderes. Falso. La constitución ya reformada aspira a lo contrario. Sigo sosteniendo: acusan de lo que son. Se miran en el espejo y atribuyen a otros lo que piensan, traman y hacen. No tienen remedio.
La derecha, integrada en el PRIAN, es dirigida por intereses del capital extranjero y sus gobiernos imperiales, no se ha dado tiempo para la autocrítica sobre los resultados electorales del 2018 cuando perdieron la dirección política nacional. En el 2024 se hundieron aún más. Sin análisis serio y autocrítica, navegan de la mano de algunos oligarcas económicos que se beneficiaron de las políticas neoliberales. Acostumbrados a la relación patrón-empleado.
Sobre la ausencia de independencia nacional, por parte de la derecha y su ala política (PRIAN) afloran aventureros y mercenarios políticos como Marko Cortés, Lilly Tellez, Ricardo Anaya, Xochitl Gálvez, Jesús Zambrano, Acosta Naranjo, Álvarez Icaza, “Alito” Moreno y más. Personajes corruptos, alejados del contacto con los ciudadanos, de los sentimientos nacionales, sin escrúpulos, que han prostituido la política, carentes de sólida formación intelectual, sin valores y sin principios sociales.
No está a discusión, ni siquiera para refutar a fanáticos y enajenados seguidores de la derecha, durante los gobiernos del PRI, más en los 36 años de neoliberalismo en México (1982-2018 del PRIANísmo), el Poder Judicial careció de independencia. Ernesto Zedillo se atrevió a retirar a todos los ministros de la SCJN y nombró a incondicionales de su gobierno.
Al Legislativo se le sometía por la política y la corrupción. Ricardo Anaya es un ejemplo. Agustín Carnstens, se jactaba de que el Legislativo le autorizaba, por unanimidad, el presupuesto federal. Lo corroboró Emilio Lozoya, al declarar judicialmente que el panista Ricardo Anaya recibió, por su conducto, sobornos de una empresa extranjera para que la bancada panista aprobara la reforma energética que, hace apenas unos días, se ha revertido.
Los intereses que durante el PRIANísmo fueron controlando al Poder Judicial, hecho que tampoco ocupa demostración alguna (léase empresas extranjeras, los monopolios de la comunicación nacionales, políticos corruptos, la oligarquía económica de México, el narcotráfico y también el nepotismo), crearon una telaraña de relaciones basadas en la complicidad, el tráfico de influencias y el constante rompimiento de la probidad, certeza y legalidad. Algunas de las resoluciones de jueces, magistrados y ministros, bien pudieran ser catalogadas como delictivas. Una exhaustiva auditoría al ejercicio judicial mostraría la podredumbre con la que se han manejado y permitiría fincarles responsabilidades, al tiempo que impartir justicia a muchos inocentes y damnificados por ese quebrantado “Estado de Derecho”.
Así, la impartición de la justicia, como derecho, para los que menos tiene está restringida. En cambio, se administra para favorecer los intereses de quienes pueden pagarla como mercancía. Por eso, tuercen procedimientos y dar por inocentes a responsables de delitos graves, como los de evasión fiscal, corrupción, huachicol, fraude a la hacienda pública, asesinato, tráfico de armas y drogas (incluyendo las farmacéuticas). La justicia está en el mercado y se paga para obtenerla. Jueces, magistrados y ministros se independizaron del Poder Ejecutivo con AMLO porque nunca fue su propósito someterlos. Pero siguen atados a la clase política que gobernaba y al poder económico que ahora son oposición.
Ejemplos de protección, impunidad y suavización son: los responsables de la tragedia en la guardería ABC; los de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa; delincuentes por evasión fiscal como Salinas Pliego, corruptos como Ricardo Anaya, Alfonso Ancira, Juan Collado, “Alito” Moreno, Xochitl Gálvez, Elba Esther Gordillo, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Santiago Taboada, exministro Medina Mora; Cabeza de Vaca, narcotraficantes; exgobernadores como Mario Marín, Mario Villanueva y párale. Igual se presume de muchos que están en funciones en cargos públicos en los tres niveles y tres poderes de gobierno. Todos ellos, junto con el Poder Judicial, son parte del clima de inseguridad y de injusticia social en México.
