El primer día de ejercicio del nuevo equipo gobernante de Zacatecas, es más que pertinente recordar que las ideas de desarrollo y justicia social fueron los componentes fundamentales del pacto que originó al Estado moderno. En el caso de México, el tema social fue parte constitutiva de los propósitos y principios rectores del proyecto nacional plasmado en la Constitución de 1917. Desde entonces, los gobiernos buscaron dar respuesta al reclamo social con reformas estructurales y políticas para rescatar a los grupos sociales pobres, tanto en la ciudad como en el campo. Por décadas, los derechos sociales fueron las preocupaciones que, además de contribuir a la creación de las instituciones de seguridad social, promovieron leyes dirigidas a redistribuir el ingreso nacional mediante el impulso al empleo formal, de cuya dinámica y magnitud se hacía depender el resto de los mecanismos de protección y desarrollo social.
Sin embargo, en el nuevo paradigma dominante desde 1982, y aunque en el discurso el combate a la pobreza se mantiene como la gran prioridad de la política social, se ha desvinculado del tema de la distribución del ingreso y del crecimiento económico; los términos de “justicia social” y “derechos sociales” han perdido relevancia y prácticamente han desaparecido del discurso político. La política social, de ser un medio para la redistribución gradual del ingreso, en realidad siempre sometida a los dictados y restricciones de la acumulación de capital y la estabilidad macroeconómica, se ha convertido en una “medida compensatoria” que busca llevar “alivio”, “ayuda en grande” a los más desprotegidos e indigentes, pero no corregir las causas de fondo que los sumergen en esa situación. Esta visión divorcia a la política económica de la política social, subordinando a esta última a la primera por efecto de una racionalidad económica neoliberal sometida hoy a duras impugnaciones en todo el mundo, incluido Estados Unidos.
La élite del poder que conduce al país olvida que en el mediano y largo plazo las condiciones de gobernabilidad sólo serán históricamente viables en tanto exista un marco estable de relaciones sociales y políticas que otorgue a las expectativas de los agentes económicos un horizonte mínimamente coherente. Este marco ha sido el Estado de Derecho y, en los tiempos modernos, el Estado social, democrático de derecho. Éste es el núcleo duro institucional que hace posible la sustentabilidad siempre inestable del desarrollo capitalista. Además, en nuestro caso tendríamos que plantearnos la necesidad de contar con un “Estado desarrollista”, promotor, inductor y aún sustituto de la iniciativa y el mercado privados, sin el cual países como México y entidades como Zacatecas no parecen ser capaces de articular y potenciar las energías económicas y sociales que supone la empresa del desarrollo integral y sustentable en una era de globalización implacable.
Asumamos sin dudar que la relación democracia-desigualdad genera inestabilidad e ingobernabilidad, por lo que tiene que resolverse dinámicamente en positivo, en favor de la igualdad, como un requisito sine qua non para que la política produzca gobernabilidad basada en legitimidad. Es posible proponer, incluso, que esta política articulada por el objetivo de la igualdad tiene que desplegarse y sustentarse en nuevas formas de cultura cívica y de ética pública para aspirar a ser estable y duradera. Soñar siempre es positivo.
