La audiencia de formulación de imputación contra Rubén «N», rector en funciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), comenzó a las 14:09 horas de este sábado 10 de mayo en la Sala 3 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, adjunta al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cieneguillas.
Rubén «N» fue acusado formalmente del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una niña menor de cinco años. A petición de la defensa, la audiencia fue diferida y continuará el lunes 12 de mayo a las 8:30 horas. Mientras tanto, el rector quedará en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
El delito se considera equiparado porque la víctima es una menor de edad que, por su condición, no tiene capacidad para comprender el acto ni para resistirlo. Y es agravado por su edad y por la relación de confianza que existía con el entorno familiar.
La audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de órdenes comenzó con acceso al público y medios de comunicación, pero fue restringida luego de que la defensa solicitara al juez ponderar el interés superior de la infancia por encima del principio de publicidad. El juez confirmó que no habría debate sobre ello, al tratarse también de un delito de tipo sexual y estar de acuerdo el imputado.
Durante los casi 30 minutos en los que la prensa tuvo acceso a la audiencia, los abogados particulares Darío Gamón Rodríguez y Álvaro Ávila Fonseca tomaron protesta como defensores del imputado. Por parte de la víctima y de las víctimas indirectas (los padres de la niña), se formalizó su representación a cargo de una abogada del Centro de Justicia para las Mujeres.
En la audiencia presidida por el juez Alfredo Sánchez Domínguez en la Sala 3 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, las víctimas indirectas estuvieron presentes en una sala adjunta.
En un receso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) difundió un comunicado en el que informó que Rubén «N» fue detenido en cumplimiento de un mandamiento judicial vigente por el delito de violación equiparada agravada. La Fiscalía precisó que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, y se fijó como fecha para la continuación de la audiencia el lunes 12 de mayo.
Tras concluir la sesión, la fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, Martha Berenice Vázquez González informó que el imputado se acogió al plazo constitucional de 72 horas para que el juez resuelva sobre su posible vinculación a proceso.
Explicó que la elección entre 72 o 144 horas no es sustancial, ya que puede ser modificada posteriormente. También pidió a los medios y a la opinión pública esperar los comunicados oficiales de la FGJEZ para evitar desinformación sobre el caso.
El abogado Darío Gamón compartió a los medios que en esta primera parte de la audiencia se escucha la exposición de la Fiscalía y los datos de prueba con los que se sustenta la imputación, informó que el juez de control decidirá sobre la posible vinculación a proceso el lunes a partir de las 8:30 horas.
Agregó que su defendido se encontraba «entero y tranquilo dentro de lo que cabe». «Desde luego es difícil decirlo así porque está privado de la libertad, pero está tranquilo», indicó el litigante.
En paralelo al inicio de la audiencia, alrededor de las 15:00 de este sábado, el secretario general interino de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Armando Flores de la Torre, transmitió a través de los canales institucionales de la Universidad un mensaje en vivo en el que asumió formalmente la función de rector interino.
Por su parte, la Red Plural de Mujeres en Zacatecas publicó un pronunciamiento en el que respaldó que se judicialice el caso y se garantice el acceso a la justicia para la víctima.
“No deja de llamarnos la atención que se tengan avances justamente en medio del proceso electoral, cuando la denuncia se dice, se presentó a principios del mes de diciembre del año 2024”, apuntaron.
Además, lamentaron que «algunos delitos de naturaleza sexual alcanzan beneficios como la suspensión condicional del proceso».
Sonia Viramontes Cabrera, docente investigadora de la UAZ, escribió en sus redes sociales: «Me avergüenza profundamente dar clases en una universidad en la que su representante legal es detenido por una denuncia de violación a una menor. La enfermedad de la institución es tan grande y horrorosa que apenas se puede creer que una universidad albergue a personas tan monstruosas». Añadió que ahora hará lo que le toca como docente para que «estos depredadores no tengan descanso desde donde estoy» y envió un abrazo solidario a los padres de la niña.
Mariana Ramírez Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas y docente de la universidad, se pronunció por la destitución inmediata y la expulsión de la UAZ del ex rector, no solo por el presunto delito, sino por haber afectado gravemente el prestigio de la institución y por «la rampante corrupción de su administración (incluyendo una extensión de mandato ilegal) que bien puede estar relacionada con la ralentización de la denuncia».
Recordó que entre los requisitos para ser rector están la integridad, responsabilidad y honorabilidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de la UAZ.
En los medios de comunicación y páginas informativas locales, la noticia sobre la denuncia por violación equiparada agravada en contra de Rubén «N» fue circulada enfatizando que dicho proceso penal no está relacionado con su gestión como rector de la UAZ.
Además, la noche de este domingo Jezabel Duéñez Montejano, quien actualmente funge como comisionada electoral de la UAZ, denunció que fue víctima de amenazas en las que se le dio un ultimátum de 24 horas para renunciar a su cargo en el Comité Electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de lo contrario “sufriría las consecuencias”.
“Esta amenaza no sólo representa una violación a mi seguridad e integridad como persona y servidora de la comunidad universitaria, sino también un atentado contra el proceso democrático que nos encontramos conduciendo”, puntualizó a través de un comunicado en el que responsabilizó públicamente a quienes resulten responsables de dichas amenazas “incluyendo a cualquier actor universitario que se vea beneficiado por mi salida, de cualquier daño físico, psicológico o de otro tipo que pueda sufrir yo o mi familia”.
Por ello, pidió tanto a las autoridades de la UAZ como del estado investigar la situación para garantizar su seguridad, mientras que a la comunidad universitaria le pidió defender legalidad, transparencia y seguridad del proceso electoral interno.
