El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, acompañado por integrantes del colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas y funcionarios municipales, afirmó que la empresa responsable está legalmente obligada a retirar la maquinaria instalada en el área del viaducto elevado.
Agregó que, como gobierno municipal, tienen la responsabilidad de exigir al Gobierno del Estado y a la empresa la reparación de los daños ocasionados durante los meses que se mantuvo activa la construcción.
“La ciudad pertenece a sus habitantes, no a sus gobernantes”, sentenció Juan Francisco Valerio Quintero, uno de los voceros del colectivo, al exigir que las autoridades municipales, estatales y federales respeten las suspensiones judiciales emitidas recientemente, las cuales detienen de forma definitiva las obras del viaducto elevado hasta que se resuelva el fondo del litigio.
Asimismo, Rodolfo García Zamora expuso que desde hace 16 meses la organización ha sostenido una lucha constante contra lo que considera un acto de autoritarismo y corrupción por parte del Gobierno estatal, al iniciar unilateralmente la construcción del viaducto elevado sin contar con los permisos ni estudios necesarios.
Denunció que el gobernador David Monreal decidió ejecutar el proyecto en diciembre de 2023, con una empresa de Tabasco contratada desde 2022, financiando la obra mediante desvío de recursos del presupuesto estatal.
A lo largo de 2024, explicó, el colectivo solicitó formalmente información sobre la obra, incluyendo estudios técnicos y permisos, sin obtener respuesta. Ante la imposición del proyecto, acudieron al Poder Judicial, logrando suspensiones legales que han frenado temporalmente la construcción y ordenado la remoción de maquinaria y escombros, así como la reparación de los daños causados al entorno urbano.
García Zamora subrayó que esta lucha se enmarca en una defensa de cuatro ejes fundamentales: el patrimonio histórico y urbano, los recursos públicos, la democracia y las libertades ciudadanas.
Criticó la opacidad y el manejo patrimonialista del presupuesto por parte del Gobierno estatal, señalando desvíos millonarios y una falta total de rendición de cuentas.
Insistió en que el Congreso del Estado debe asumir su responsabilidad y fiscalizar el destino de más de 2 mil millones de pesos originalmente asignados al proyecto, sobre todo considerando que, según encuestas realizadas por el colectivo, el 82% de la población está en contra de la obra.
Finalmente, hizo un llamado a continuar la «pedagogía de la lucha ciudadana», destacando que la unidad de los zacatecanos puede frenar los abusos de poder.
Darío del Real Campo, aclaró que, aunque no se ha emitido aún una sentencia de amparo en contra, ya se han otorgado suspensiones judiciales con efectos importantes, basándose en el reconocimiento de riesgos a la integridad física de la ciudadanía debido a fallas estructurales y a la ausencia de estudios de impacto ambiental, movilidad y utilidad pública.
Del Real advirtió que el Gobierno estatal no ha podido acreditar legalmente que el viaducto traería beneficios colectivos como mejor movilidad o reducción de contaminación. Además, destacó que la jueza federal que emitió la última resolución ha sido firme al señalar que los documentos presentados por el Gobierno no cumplen los requisitos legales ni técnicos exigidos.
El abogado aseguró que el colectivo continuará con su estrategia jurídica hasta lograr una sentencia definitiva, subrayando que su intención no es frenar el desarrollo, sino proteger la ciudad, su patrimonio y a sus habitantes de un proyecto que consideran riesgoso, opaco e ilegal.
Por su parte, Varela Pinedo confirmó que el ayuntamiento exigirá a la empresa responsable y al Gobierno del Estado la reparación de los daños ocasionados durante los trabajos del viaducto elevado. Reiteró que, tras la notificación judicial, la empresa está obligada a retirar la maquinaria utilizada.
Varela criticó la actitud del gobernador, acusándolo de tomar decisiones basadas en la soberbia y en una falsa narrativa de victimización. El alcalde concluyó que su Gobierno actuará conforme a la ley, en defensa del patrimonio de la ciudad y del bienestar de los zacatecanos.
Por ende, dijo que hoy se notificará formalmente a las autoridades estatales y a la empresa HYCSA la orden judicial que instruye la suspensión de la obra, así como el retiro inmediato de maquinaria, materiales y escombros.
En este contexto, representantes del colectivo Ciudadanía Participativa de Zacatecas presentaron ante el presidente municipal una solicitud formal para que, en el ejercicio de sus atribuciones, supervise el cumplimiento de la orden judicial, exija la reparación de los daños ocasionados al bulevar y garantice el retiro adecuado de los materiales utilizados en la construcción.
Asimismo, se ha propuesto que el Ayuntamiento facilite el uso de la Casa de la Cultura para la realización de un foro público en el cual las personas aspirantes a cargos judiciales (jueces, magistrados y ministros) puedan presentar sus propuestas ante la sociedad zacatecana, en aras de promover la transparencia y el ejercicio pleno del derecho a la información.
