Nueva York. En México durante el 2021 hubo reportes creíbles sobre asesinatos ilegales o arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y arrestos arbitrarios por fuerzas de seguridad del gobierno y la impunidad prevaleció para todos los delitos incluyendo abusos de derechos humanos y casos de corrupción, reasumió el capitulo dedicado a México del informe anual sobre derechos humanos en 198 países y territorios elaborado por el Departamento de Estado.
El informe, oficialmente llamando “Reporte por país sobre practicas de derechos humanos 2021”, incluye un extenso capituló sobre México en el cual también informa sobre violencia generado por el crimen organizado y narcotraficantes, actos violentos y amenazas contra periodistas, violencia de genero, crímenes violentos y amenazas contra las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, todos los cuales son insuficientemente investigados por las autoridades.
“El gobierno investigo y procedió penalmente contra algunos de estos delitos, pero la vasta mayoría permaneció sin investigación y proceso penal”, afirma. Mas aun, afirma que se reporta que “algunos agentes del gobierno eran cómplices con bandas de crimen organizado internacional, y la tasa de fiscalización y condena de estos abusos fue baja”, agrega el informe.
“Las desapariciones permanecen como un problema persistente por todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia por carteles y bandas… a veces con alegaciones de colusión de autoridades estatales. Al mismo tiempo, el informe detalla importantes avances para abordar los casos abrumadores de desaparecidos, incluyendo arrestos de algunos militares e integrantes de la Guardia Nacional en algunos casos.
Sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el informe señala de avances incluyendo que la unidad especial enfocada sobre el caso había realizado arrestos de mas de 80 sospechosos, incluyendo un capitán del ejercito y varios policías municipales, y la extradición de Tomas Zeron entre otros esfuerzos, Señalo que a pesar de esto, a partir de septiembre del 2021 no había nadie condenado por las desapariciones de los normalistas.
Subrayo que activistas de derechos humanos y ambientalistas, sobre todo de comunidades indigenas, son víctimas de violencia.
En torno a tortura, el informe cita datos de la CNDH de que entre enero y agosto del 2021 se registraron 26 quejas de tortura y 123 por detención arbitraria, con la mayoría en contra funcionaros de la Fiscalía General, la Guardia Nacional, la Secretaria de Gobernación y las fuerzas armadas. Tambien habían decenas de quejas mas contra fuerzas de seguridad por “trato cruel, inhumano o degradante”.
Medios y libertad de expresión
Sobre libertad de expresión en México, el informe resalta la violencia y amenazas del crimen organizado contra periodistas, incluyendo en los casos de dos corresponsales de La Jornada. Señala que un juez condeno a 32 años de prisión a Juan Francisco Picos Barrueto por el asesinato de Javier Valdez, y que el ex alcalde de Chinipas, Chihuahua fue condenado a 8 años de cárcel por su papel en el asesinato de Miroslava Breach; recordó que en el 2020 el asesino material de Breach fue condenado a 50 años de prisión.
Indica que periodistas fueron asesinados o padecieron ataques físicos y cibernéticos en respuesta a su labor y que como resultado de altos niveles de impunidad, hubo mayor auto-censura y una reducción de libertad de expresión en México. Según cifras de la Secretaria de Gobernación, entre el 2015 y el 2020 se registraron mil 52 ataques verbales y físicos contra periodistas con un 41% de estos atribuidos a funcionarios públicos.
El informe señala que según Google Report, Google recibió 24 solicitudes de autoridades mexicanas – 13 de la policía, 8 de funcionarios – en el 2020 para anular contenido en el internet bajo argumentos de difamación – fue el numero mas alto de solicitudes desde el 2014.
A la vez señala que periodistas reciben amenazas a través de redes sociales, y que algunos periodistas “que hicieron preguntas difíciles a funcionarios del gobierno en eventos de prensa recibieron ataques via Twitter”.
En torno a corrupción, el informe reporta sobre arrestos de varios funcionarios públicos, incluyendo el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval, el caso de Cesar Duarte, y el de Emilio Lozoya.
El informe considera que México coopera con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y que su gobierno no hay interfiere en los medios ni en los ámbitos académicos y culturales.
Sobre derechos laborales, el informe destaca avances sobre todo en la implementación de la reforma laboral del 2019, afirmando que “el gobierno continuo con sus esfuerzos para fortalecer las protecciones de libertad de asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de los trabajadores para negociar de manera colectiva”. [El capitulo sobre Mexico: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/].
El mundo
Al presentar el informe anual, el secretario de Estado Antony Blinken recordó que este documento se elabora bajo el principio de que los derechos humanos “son universales”, y que Estados Unidos también tiene que rendir cuentas a estas mismas normas.
Advirtió que en varias partes del mundo – incluyendo en Rusia y China – los gobiernos se han vuelto mas represivos y continua “una recesión alarmante de la democracia”. También resalto gobiernos que están encarcelando a sus críticos, mencionando a Cuba, Egipto y Rusia, al informar que hay mas de un millón de prisioneros políticos en 65 países. A la vez lamento una “erosión seria” de derechos humanos en Afganistán (sin comentar sobre la guerra contra ese pais), entre otros países, y considero que entre lo poco positivo en este panorama esta la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la semana pasada.
