■ “No abandonaremos nuestras viviendas hasta que no se solucione el litigio”: De la Rosa Castillo
■ Sin motivo aparente, directiva de ejido retuvo pagos que realiza Peñasquito por trabajar en la zona
Ha pasado una semana desde que se declaró como “zona de riesgo” la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, tras una reunión entre autoridades de Protección Civil y representantes de la empresa minera Frisco-Tayahua que opera en el lugar, pero a la que no estuvieron invitados los afectados directos, que son los habitantes de la localidad.
Siete días después de este encuentro, los pobladores de Salaverna continúan sin recibir información alguna al respecto, ni tampoco notificación formal por parte de Gobierno del Estado en la que se expongan los resultados de la reunión o los citen a un encuentro con las autoridades para abordar el tema.
Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, vecino de la comunidad y actualmente regidor en el ayuntamiento de Mazapil, aseguró que “a nosotros no se nos ha notificado en ningún momento ni por escrito ni por llamada las decisiones que han tomado”.
Asimismo, informó que el pasado 17 de marzo, en un evento de regularización de tierras que se llevó a cabo en la presidencia municipal de Guadalupe, le solicitaron personalmente al gobernador Miguel Alonso Reyes una audiencia, con la finalidad de tratar el tema de Salaverna y buscar soluciones a la situación de la comunidad.
No obstante, no sólo no obtuvieron una fecha para su encuentro con el mandatario estatal, sino que además se realizó la reunión de Protección Civil a la que no fueron convocados; “lo miro mal de su parte, que en vez de hacer la reunión como nosotros se lo pedíamos, con gente de los que estamos siendo afectados en Salaverna y nos solucione nuestro problema, al contrario, nos está dando más problemas”.
De la Rosa Castillo expuso que no abandonarán sus viviendas en la localidad hasta que no se solucione el litigio en el que están inmersos para obtener la certeza jurídica de estas tierras. Recordó que la minera Frisco-Tayahua, propiedad del multimillonario Carlos Slim, ha presentado documentos “apócrifos” de propiedad de estos terrenos y señaló que, si se salieran de la comunidad en estos momentos, “perderíamos nuestra posesión”.
Por ello, sostuvo que “lo que sí pedimos es que primero se regularicen esas tierras y después veremos si nos movemos; que se arregle la certeza jurídica y después veremos hacia dónde nos movemos, no a donde ellos nos impongan”.
La conclusión de este proceso, explicó, le corresponde al Registro Agrario Nacional (RAN), ya que es la dependencia que debe expedir los edictos correspondientes y hacer el deslinde de los terrenos.
Consideró que, si existe una urgencia real para que se trasladen a otro espacio a vivir, el Gobierno del Estado o el propio gobernador podrían interesarse en buscar con sus gestiones que se acelere el proceso, pues ellos llevan en espera ya más de 4 años.
Otra de las inconformidades que expresan los habitantes de Salaverna tiene que ver con el hecho de que se culpabilice de la situación de riesgo en la comunidad a una falla geológica y se deslinde a la minera Frisco de cualquier responsabilidad.
En este sentido, De la Rosa Castillo comentó que como ex trabajador de esta empresa conoce los usos de la dinamita que se hacen de manera desmedida, así como las formas de explotación subterránea que pasan por destruir los pilares de contención de los túneles, a fin de poder extraer la mayor cantidad de riqueza posible.
Recordó que en 2012 también se quiso atribuir a la falla geológica un hundimiento de tierra que se produjo en Salaverna, con el objetivo de presionarlos para que abandonaran sus casas. Sin embargo, apuntó que “ellos no pueden asegurar que fue un deslave porque no estuvieron ahí; nosotros somos mineros también y sabemos y oímos la pólvora, y se siente también la pegada. Un deslave se siente muy diferente a una voladura”.
Lamentó que después de este suceso otras 20 familias que habían decidido quedarse en la comunidad por temor dejaran finalmente sus casas para someterse a las condiciones de la minera de trasladarse al complejo de Nuevo Salaverna, construido por la empresa.
En ese mismo tenor habló Antonio Zamarripa Hernández, habitante de Salaverna, nacido en esa comunidad y quien trabajó durante 28 años como minero. Este afectado hizo una diferenciación entre la forma en que operaban las empresas anteriormente y el modo de trabajo de las actuales, como la de Frisco-Tayahua.
Al respecto, indicó que antes “dejaban los pilares para que no se fuera a asentar el túnel; las empresas nuevas tumban pilares y todo y ahí tienes las consecuencias, se va asentando la mina (…); ellos siguen sacando mineral y por eso va, en milésimas, notándose que se va hundiendo. Si no le sacan ahí, no se mueve nada”.
Ambos vecinos de Salaverna coincidieron en señalar que si la razón por la que tienen que ser reubicados es la seguridad por el riesgo que implican las condiciones geológicas de la zona, esta misma necesidad tiene que ser aplicada a los trabajadores de la mina.
Roberto de la Rosa Castillo expuso que, “si tanto le interesa a la gente de Protección Civil, nosotros somos 19 familias las que están arriba y por la parte de abajo, por la parte en la que se está hundiendo, hay más de 200 padres de familia que laboran ahí”.
Retienen pago a
ejidatarios de Mazapil
Los habitantes de Salaverna estuvieron este lunes en la capital del estado debido a que mantienen otro litigio en el Tribunal Unitario Agrario para obtener la regularización de sus tierras en el ejido Mazapil, así como para lograr que les liquiden los recursos, ahora retenidos por la propia directiva del ejido, que se derivan del pago que hace la minera Peñasquito por trabajar en una parte de sus hectáreas.
El delegado de la comunidad de Salaverna, Roberto de la Rosa, explicó que son cinco los ejidatarios afectados por esta falta de cumplimiento al no otorgarles el dinero y el monto que les deben a cada uno es de 134 mil pesos, que corresponde a la indemnización anual de 2015.
En la reunión sostenida ayer se les informó que ya pueden recibir los cheques correspondientes; no obstante, De la Rosa señaló que se negaron a recibirlos hasta que en la próxima audiencia del 16 de mayo se firme un convenio en el que se garantice que esta retención del dinero no volverá a ocurrir.
Comentó que esta afectación al derecho que tienen como ejidatarios de recibir este recurso fue una especie de “castigo” por parte del ejido, ya que estas cinco personas decidieron solicitar el proceso de regulación de sus tierras de manera separada al resto de ejidatarios.
La razón para esto, apuntó De la Rosa, es que si se adhieren al proceso conjunto del ejido Mazapil quedarían desprotegidas aquellas personas que aunque no son ejidatarios sí habitan en la región afectada por la actividad de la mina Peñasquito, pues no les otorgarían una indemnización.
Por ello, concluyó que quisieron hacer aparte el trámite para conseguir que se respete el derecho de recibir este recurso de todos quienes sufren directamente las consecuencias de la minería en esta zona, sean ejidatarios o vecinos que habitan en los terrenos.
