“No puedo decir con certeza si están o no están en el estado”, fue lo que respondió Adolfo Marín Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en su conferencia semanal sobre la fuga de 7 reos del penal varonil de Cieneguillas, el sábado 8 de octubre.
Dijo que la evasión ocurrió en horarios de esparcimiento, es decir, los reos no estaban en sus celdas. Fue por medio de un hoyo de aproximadamente 70×50 centímetros en uno de los muros del penal que los reos lograron salir para, posteriormente, abordar un vehículo que a menos de un kilómetro de distancia del Cerereso, fue abandonado e incendiado.
Mencionó que hasta el momento no hay más información acerca de los reos, pero se realizan las investigaciones al exterior e interior del penal, para descartar posibles participaciones de los elementos de seguridad que resguardan el centro penitenciario.
Asimismo, informó que dos de los siete internos que se fugaron ya se habían evadido con anterioridad.
Precisó que Natividad Alvarado ya se ha fugado en tres ocasiones, mientras que Rubén, o Luis, se había fugado previamente del penal de Fresnillo en diciembre de 2018.
Por otro lado, expuso que en el municipio de Morelos, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas por la portación de cuatro armas de fuego largas, siete cargadores para arma larga y más de 200 cartuchos útiles.
En la comunidad El Cargadero, en Jerez, se ubicó y destruyó un campamento utilizado por la delincuencia organizada; además, se aseguró un arma larga, 16 cargadores y al menos 2 mil 800 cartuchos de diferentes calibres.
En recorridos aéreos, se rescató, en el municipio de Tepetongo, a una persona que estaba privada ilegalmente de la libertad.
En Villanueva fueron aseguradas dos armas de fuego, 17 cargadores y 428 cartuchos útiles.
En Concepción del Oro, fueron aseguradas dos granadas calibre 40; mil 298 cartuchos; 59 cargadores y 4 armas largas.
Además, en esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su Delegación de Zacatecas (FECOR), obtuvo sentencia condenatoria en contra de seis personas, por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Refirió que como parte del trabajo en conjunto que realizan el Ejército, Guardia Nacional, la Delegación de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Policías Municipales, es que en una semana se logró la detención de 67 personas por la probable comisión de un delito; de ellas, 53 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común y 14 del federal.
Fueron asegurados 15 vehículos por la probable comisión de un delito o porque cuentan con reporte de robo, así como 17 armas de fuego, 59 cargadores de diversos calibres, 4 mil 907 cartuchos útiles, dos granadas y 194.546 kilogramos de diversos narcóticos.
Por su parte, el subsecretario de Prevención Social del Delito, Manuel Ibarra Santos, quien recalcó que para el gobernador David Monreal la prevención social del delito es una pieza fundamental en la recuperación de la paz, por ello, ha implementado una política transversal en la materia.
Señaló que, a través de esta política transversal, más del 80 por ciento de las dependencias estatales han incorporado a sus programas iniciativas, acciones y estrategias encaminadas a la prevención social del delito, teniendo como meta alcanzar el 100 por ciento.
Detalló que al detectar que sólo el 18 por ciento de los ayuntamientos cuentan con programas y estructuras administrativas de prevención social del delito y al 82 por ciento no se les ofreció acompañamiento, asesoría, capacitación y certificación profesional, para que en los 58 municipios se puedan fortalecer las estructuras de prevención.
Destacó que la prevención social del delito no sólo contribuye a fortalecer el tejido social que ha sido debilitado por la comisión delictiva y la violencia social, sino que reduce el costo de los servicios del sistema de justicia penal, el impacto económico en la estructura productiva y baja los niveles de vulnerabilidad social y los riesgos de la comisión delictiva, de ahí que todos los municipios y sectores sociales, participen en la prevención social.
