En febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrados presentó ante la Cámara de Diputados federal un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas, la reforma al Poder Judicial de la Federación (la cual ya abordamos en la entrega anterior) y las relacionadas a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de dignificar y reconocer a las y los trabajadores, revirtiendo las reformas de Ernesto Zedillo (IMSS 1997) y de Felipe Calderón (ISSSTE 2007) que deterioraron gravemente los ingresos de los jubilados del país.
La Ley del IMSS de 1973 contemplaba 500 semanas de cotización (10 años) como requisito para la jubilación, con la reforma de Zedillo de 1997 el requisito para la jubilación se aumentó abruptamente a 1250 semanas de cotización (24 años), lo que causó que muchos trabajadores fueran excluidos de una pensión, solo el 25 por ciento de los trabajadores inscritos regidos por la Ley del IMSS de 1997 alcanzaron esta prestación, además una pensión muy deteriorada, recibiendo el 30 por ciento en promedio de su último salario. En el caso de la reforma de Calderón a la Ley del ISSSTE de 2007 los trabajadores al servicio del Estado también fueron afectados al recibir el 60 por ciento del salario base de cotización a su retiro.
Ante estas injusticias cometidas a la clase trabajadora, en el año 2020, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una reforma a la Ley del IMSS, la cual incrementó de forma gradual la aportación patronal a partir de 2023 hasta concluir en 2030, el porcentaje de aportación patronal será de acuerdo al año fiscal y al salario base de cotización de cada trabajador que podrá oscilar de 3.150% hasta un tope de 11.875% en 2030. Así mismo, se logró reducir las comisiones de las Administradoras de Fondo para el Retiro (AFORES), disminuyendo en promedio de un 1 por ciento en 2018 a 0.5 por ciento de comisiones en 2022.
La reforma a la Ley del IMSS de 2020 se destaca por la disminución en el requisito de semanas cotizadas de 1250 a 750 semanas en 2021, las cuales se aumentarán en 25 semanas cada año hasta alcanzar 1000 semanas para el año 2031; al disminuir las semanas cotizadas se incrementa de manera significativa el número de trabajadores con derecho a la pensión, lo que antes limitaba la Ley de 1997. Así mismo, se logró una pensión garantizada por el gobierno para trabajadores que ganan un salario mínimo. Esta Ley elevó el porcentaje de ingresos de la pensión, pasando del 30 por ciento al 64 por ciento del salario alcanzado de los trabajadores.
Sin lugar a duda, la reforma al IMSS de 2020 fue un buen comienzo en beneficio de los trabajadores; sin embargo, el presidente López Obrador y la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideran que no es suficiente y van por más; es por ello, que dentro del paquete de iniciativas de reformas enviadas a la Cámara de Diputados en febrero de 2024, destacan como prioritarias las iniciativas de reforma a las leyes del IMSS e ISSSTE con el propósito que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento de su último salario mediante un complemento solidario del gobierno a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar para todos aquellos trabajadores que ganen o se pensionen con el salario promedio del IMSS, es decir, 16,777 pesos mensuales registrado en 2023 (el cual será ajustado anualmente conforme la inflación) para trabajadores que tengan 65 años de edad y cumplan los requisitos de semanas cotizadas, principalmente las personas que fueron afectadas por la ley del IMSS de 1997, es decir, que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 01 de julio de 1997.
Los trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE) que cuenten con 30 años de servicio (hombres) y 28 años (mujeres), sin importar la edad y que estén en el régimen de cuentas individuales y se pensionen a partir de la entrada en vigor de la Ley que se propone, podrán jubilarse con una pensión equivalente al 100 por ciento de su último salario mediante un complemento solidario del gobierno a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De aprobarse esta reforma en materia de pensiones se dignificará y se reconocerá a las y los trabajadores del país, revirtiendo los efectos dañinos en sus ingresos a la clase trabajadora de las reformas neoliberales anteriores de Ernesto Zedillo 1997 y de Calderón 2007. Cabe señalar que los beneficios de esta ley, no excluye a los beneficiarios de las pensiones universales de adultos mayores de 65 años y más, y en su caso, a las mujeres de 60 a 64 años de edad que serán sujetas de apoyos económicos al aprobarse la iniciativa que está proponiendo al respecto la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.
ESOOO, DIPUTADO ULISES MEJÍA HARO ! UD ES, LA ESPERANZA DE ZACATECAS !! 👏🏻