Ayer, en sesión de la LXV Legislatura, la diputadora Isadora Santiváñez propuso endurecer las penas por abuso sexual infantil en el Código Penal del estado, ampliando la protección del artículo 232 a menores de 18 años, con penas de 6 a 13 años, y creando un nuevo delito para sancionar con hasta 4 años de cárcel a quien tenga cópula con adolescentes de 15 a 18 años mediante engaño.
Las penas cuando la víctima sea menor de 12 años serán de hasta 10 años y se duplicarían si hay violencia.
Además, la iniciativa incorpora como delitos obligar a una niña o niño a observar actos sexuales, o exhibir su cuerpo sin consentimiento.
Con el objetivo de sancionar con mayor rigor los incendios provocados (que representan el 80% de los casos recientes), Alfredo Femat presentó una iniciativa que también pretende fortalecer la capacidad operativa de Protección Civil, ante la gravedad de los incendios en la Sierra de Tepechitlán y el Cañón de Tlaltenango, que ha consumido más de mil 400 hectáreas y vulnera hábitats de especies protegidas.
Dicha iniciativa, junto con la del diputado Jesús Badillo para exhortar al Ayuntamiento de Zacatecas a flexibilizar los horarios de estacionamiento público durante el Festival Cultural, fue considerada de urgente u obvia resolución.
La emecista Ana María Romo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para crear y regular un Órgano Interno de Control (OIC) con autonomía técnica. El titular del OIC sería designado a través de un proceso mixto entre el Congreso del Estado y la Rectoría.
Como atribuciones del nuevo órgano estarían la supervisión del manejo presupuestal, la vigilancia del cumplimiento de obligaciones administrativas, la recepción de denuncias de la comunidad universitaria, y la facultad de investigar y sancionar faltas.
Marco Vinicio Flores impulsó una modificación constitucional en favor de los derechos de niñas y niños, iniciativa que recibió diez adhesiones. Asimismo, María Dolores Trejo propuso garantizar atención psicopedagógica a estudiantes durante su formación, y Maribel Villalpando solicitó operativos contra vehículos con escapes modificados que generan ruido excesivo, iniciativa que fundamentó en las preocupaciones ciudadanas sobre contaminación auditiva.
La bancada morenista, en voz de Martín Álvarez Casio presentó una reforma a la Ley de Aguas del Estado para garantizar el abasto en máximo 48 horas —mediante pipas, garrafones o canje— cuando el servicio doméstico se interrumpa por causas ajenas al usuario. En esos casos, además, las personas quedarían exentas del pago mientras no se regularice el suministro.
Diputados de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) proponen reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado para crear una nueva Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, con el objetivo de atender temas migratorios, establecer vínculos con otros congresos, instituciones nacionales e internacionales, y fortalecer la interlocución diplomática del Congreso estatal.
Renata Ávila propuso declarar el 20 de junio como el “Día de la Gastronomía Zacatecana”, con el objetivo de reconocer su valor como patrimonio cultural inmaterial. La iniciativa contempla integrar un padrón de cocineras y cocineros tradicionales, así como promover estrategias de difusión y preservación desde las Secretarías de Cultura, Turismo y Economía.
Carlos Peña presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura estatal para dotar de autonomía técnica y de gestión a la Banda Sinfónica de Zacatecas, a fin de proteger su legado y evitar que sea blanco de decisiones políticas. Se plantea que su director sea elegido por la Junta de Gobierno a partir de una terna del Ejecutivo, con facultad del Congreso para objetar el nombramiento.
Lamenta diputado sobrepoblación carcelaria por criminalización del cannabis
En el marco del 420 (20 de abril: fecha emblemática para consumidores y activistas que promueven la legalización de la marihuana), Marco Vinicio Flores reprochó que la criminalización del Cannabis sea una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria en México, y enfatizó que regularizar este psicotrópico abriría la puerta a una industria legal capaz de generar empleo, atraer inversiones y disminuir la influencia del crimen organizado.
En asuntos generales, Ana María Romo Fonseca denunció que la Junta Directiva del ISSSTEZAC no ha sesionado en al menos siete meses, lo que atribuyó a que no se ha nombrado un nuevo presidente, tras la salida de Ricardo Olivares.
Explicó que la actual secretaria de Finanzas no puede asumir automáticamente la presidencia, ya que se requiere un procedimiento formal de designación por parte del gobernador.
Subrayó que esta omisión afecta directamente los derechos de trabajadores activos, jubilados, pensionados, viudas y viudos, quienes ven detenidos trámites y beneficios por la parálisis de la junta.
Aplaudió la creación de una comisión especial en el Congreso para el seguimiento del ISSSTEZAC y exhortó a sus integrantes a solicitar formalmente al director general del instituto que realice las gestiones necesarias para que el Ejecutivo designe de inmediato al nuevo presidente del órgano de gobierno.
Camioneta de Javo Torres y crisis del Cobaez encienden debate
Al cierre de la sesión, el diputado Martín Álvarez Casio reiteró la denuncia por más de 8.6 millones de pesos del Ayuntamiento de Fresnillo a empresas vinculadas con funcionarios, exhibiendo una camioneta de lujo que se presume es regalo de un proveedor beneficiado al alcalde.
“Imaginen que no fuera fruto de su trabajo, sino de la transa”, dijo, anunciando que acudirá a la Fiscalía, ASE y OIC. Carlos Peña, Eleuterio Ramos y Dayanne Cruz le reprocharon usar la tribuna “para suponer, fusilar y luego investigar”, exigiendo canalizar denuncias en instancias legales. En respuesta, Álvarez Casio y Maribel Villalpando acusaron incongruencia al usar la tribuna para acusar al gobierno estatal y no acudir primero a instancias.
Más tarde, Peña denunció el abandono al Cobaez y pidió instalar mesas con urgencia. Eleuterio Ramos respaldó, recordando que el aumento salarial es un derecho. Saúl Cordero lo enfrentó: “No les creen porque son culpables de la crisis”.
Villalpando Haro añadió que el conflicto fue heredado, que el año fiscal ya cerró y que David Monreal gestionó 2 mil 300 millones ante la Federación. También reclamó que ahora la oposición hable de “violencia laboral” cuando antes ignoraron a más de 6 mil maestros que marchaban para exigir su salario.
