Como es más que sabido el año que arranca México vivirá la elección más importante de su historia y a su vez la más grande, atendiendo al número de cargos a renovar, así como las ciudadanas y ciudadanos que habrán de participar votando. Arribamos a un proceso electoral luego de un largo proceso de desgaste institucional. Frente a una agenda de transformación nacional, que en parte niega las bondades de nuestro proceso de transición política a la democracia, las instituciones que surgieron de esta etapa se han visto en el centro del debate por señalamientos, desinformación, críticas fundadas y resistencias burocráticas. Nada que sea ajeno a una democracia plena y deliberativa. Quizá el punto sea no tanto las críticas, sino las formas y los emisores. No ha reinado la información verificable en este debate (por el contrario, una vez que se acude al ejercicio de verificar, resulta en muchas ocasiones, información sesgada en el mejor de los casos, o falsa en el peor). Las críticas a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por ejemplo, parecen venir más de las funciones que por ley están obligados a realizar, que, por su diseño institucional, el cuál es, sin duda, como en toda obra humana, perfectible y objeto de reforma conforme cambian los tiempos. Es en este contexto, en el que, ya inclusive la Suprema Corte de Justicia, ha sufrido el embate de ser objeto de un debate no del todo responsable, serio ni informado, que llegamos al proceso electoral.
El reto fundamental para todas las instituciones de nuestro sistema político lo será actuar con una dosis de transparencia sin comparaciones, en clave deliberativa y de gobernanza, con una predisposición a escuchar la crítica, explicar y dar cuenta de sus razones y a informar con amplitud y, con una pedagogía singular, sus actos y funciones.
No es novedad que hay un ambiente de polarización sin precedentes y que ello arroja a las instituciones al constante desafío de lograr la aprobación o comprensión siquiera de sus actos y políticas. Nacidas del consenso que implica nuestra Constitución Política misma, el riesgo para dichas instituciones se encuentra en hacer valer la naturaleza y esencia del modelo de democracia constitucional del cuál provienen. Éste, que, como lo hemos ya comentado aquí, implica una combinación, equilibrio y armonía entre el principio democrático de la mayoría y los límites que a éste imponen los derechos humanos; en el ambiente de polarización que vivimos este equilibrio y armonía la mayor de las veces se antoja y se descubre no solo complejo sino imposible de una recepción pública positiva e inclusive de buena prensa.
Las instituciones que tendrán, como pocas veces en nuestra historia reciente, un protagonismo social y político toral, deberán atender sendos temas que no siempre han sido su fuerte: la comunicación política, la apertura ciudadana, en ocasiones, la disrupción como elemento de innovación para comunicar e inclusive, ejercer sus funciones navegando en la frontera de sus obligaciones, facultades y atribuciones y la prudencia política. Ello desde luego no implica negociar el Estado de Derecho, sino ampliar el horizonte y atender argumentos, posiciones y críticas, que no siempre se escuchan al interior de los muros y en los pasillos burocráticos.
En sí, el reto de la administración pública en el siglo de las redes sociales y la hiperconectividad, se hará presente para nuestras instituciones, y particularmente para los órganos constitucionales autónomos (particularmente el INE y el INAI) y el Poder Judicial, desde el Tribunal Electoral hasta las salas y el propio Pleno de la Suprema Corte. Sus consecuencias y éxitos, serán evidentes, no solo en este año, sino en el sexenio por venir.
@CarlosETorres_
