Los resolutivos emitidos por instancias jurisdiccionales, respecto a conflictos al interior del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), fueron objeto de discusión en la Coordinadora de Delegados: una fracción del Comité Ejecutivo afirmó que esos juicios son una estrategia de la Rectoría para distraer las actividades del gremio y otra que, ante la falta de información de la Secretaría General, debieron recurrir a procesos legales.
Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, expuso que la demanda contra el sindicato por no incluir a 20 personas en el padrón y por supuesta violencia y discriminación que ejercía el Comité Ejecutivo concluyó con una sentencia en la que “dos de esas personas mintieron ante el Tribunal Laboral y se condujeron de manera falsa”.
En el resto de las personas, comentó que la sentencia determinó que todas ellas ya estaban dentro del padrón, aunque “los que alegan que ganaron promovieron un amparo en contra de esta sentencia que supuestamente les favorece”.
Otra demanda, expuso, se presentó en los mismos términos y solo cambiaron los promoventes; en esta, siete docentes demandaron al sindicato en contra del padrón que antes ya se había declarado nulo y el resultado fue que tres de ellos son trabajadores de confianza que no ingresaron por vía sindical a la universidad y por lo tanto no pueden ser parte del gremio, mientras que las demás ya estaban en el padrón e incluso votaron en el plebiscito de huelga.
González Arenas mencionó el juicio contra la integración de la representación sindical de la Comisión Mixta de Admisión, Adscripción y Promoción en cuya demanda se exigió la suspensión de las reuniones de esta comisión, pero la autoridad no les concedió la medida cautelar y entonces se desistieron de la misma.
Otra demanda contra el SPAUAZ, informó, también fue en contra del padrón y en esta ocasión promovidas por tres trabajadores de confianza que laboran en Rectoría y en una unidad académica.
Juan Manuel Hernández Dávila, integrante del Comité Ejecutivo que promovió una de las demandas mencionadas, señaló que únicamente ejerció su derecho a la petición respecto a la Comisión Mixta, pero la secretaria general nunca le respondió, por lo cual recurrió a las instancias para ello.
“Cuando uno se ve afectado en una solicitud a la cual no se le da respuesta, también es un derecho ciudadano acudir a los tribunales, es un derecho de cualquier ciudadano y ya lo que resuelva el tribunal es una cosa distinta”, dijo.
En respuesta, Sonia Viramontes, también integrante del Comité Ejecutivo, afirmó que uno de los beneficios que tuvo la derrota de la Rectoría y de los docentes que movilizó dentro del sindicato en el tribunal es que demostró que varios de ellos incurrieron en contradicciones porque, “Juan Manuel, como representante sindical, no tiene ningún derecho para demandar al sindicato”.
En tal situación, explicó que debió retirarse del sindicato y entonces actuar de la manera en que le convenga, porque al ser parte del Comité Ejecutivo del SPAUAZ no tenía derecho a demandarlo “y eso lo deja muy claro la sentencia. Por eso es importante la derrota que tuvo el rector y toda la gente que aquí hace política patronal y que han afectado el trabajo del sindicato”.
Por su parte, María Félix, docente jubilada y ex directora de la Unidad Académica Preparatoria, opinó que “el pleito de dimes y diretes” entre las fracciones políticas en el sindicato es innecesario y no se llega a nada con ello.
“Estoy hablando de unos y de otros que hablan nada más para ver quién grita más. Esa cosa del chat ya nos tiene hartos, qué vergüenza todo lo que se está diciendo ahí de unos y otros, yo mejor ya no digo nada porque es una barbaridad”, expresó.
Sonia Viramontes no debería ni estar en el CE es agresiva y violentadora de derechos. Además están mal en sus interpretaciones. Juan Manuel tiene todo el derecho a demandar en contra del mal proceder de la Secretaria general contra los agremiados