En el número en circulación de la revista Nexos los analistas Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva, exploran a través de su ensayo titulado ¿Qué falló? México 1990-2023, la estrategia seguida por gobiernos de distintas expresiones políticas durante casi dos décadas y media, con sus resultados e impactos, positivos y negativos. A través de información precisa, en parte por la construcción de instituciones públicas y fuentes privadas que, como nunca antes en la historia, nos ofrecen una panorámica de la evolución en el desarrollo nacional, con datos, los analistas nos ofrecen conclusiones tajantes: “persistió la informalidad, los esfuerzos para promover la competencia no dieron los resultados esperados y perduró la debilidad del Estado de derecho”. En parte, lo anterior tiene que ver con el desarticulado sistema de seguridad social que prevalece en México y que en general hace imposible la consolidación de un Estado de Bienestar eficiente y eficaz, amén de las reformas en materia fiscal que tendrían que darse para lograr este último objetivo.
El modelo que, desde la creación de las primeras instituciones de seguridad social en el país, generó derechos de seguridad social para las personas con base en su estatus laboral, sea la formalidad en el sector privado o público y a finales del siglo pasado para la informalidad, nuestro modelo de bienestar ha mantenido la lógica de la fragmentación, generando, de facto, según los autores, un impuesto para los trabajadores formales y un subsidio para el empleo informal, lo que, evidentemente no incentiva el incremento del primero y suma ventajas al segundo.
Ello desde luego redujo el impacto de las reformas que, en materia de competencia económica, regulación electoral, rendición de cuentas, anticorrupción y justicia, se lograron e implementaron desde 1990 a la fecha. Y es que no es posible un Estado de derecho sólido en el que las instituciones excluyen y promueven, en esa misma lógica, las alternativas que están fuera de la Ley.
Sin duda, también hay que señalarlo, ha habido avances: las cifras demuestran que, en este lapso, las carencias de salud y educación se redujeron ¿el problema? Esto no se vio reflejado en los ingresos y expectativas de la población: “los ingresos laborales de las nuevas generaciones de trabajadores pobres fueron muy similares a las de sus padres, a pesar de mayor capital humano”, señala el ensayo.
En este contexto es entendible la decepción de un número creciente de mexicanas y mexicanos con el sistema democrático que medimos justamente en este lapso y cuya expresión electoral tuvo su mayor auge también en dicho período. No hay compromiso cívico que sobreviva a la necesidad de derechos sociales indispensables como lo son salud y educación, por no hablar de seguridad, una tarea cada vez más desafiante para el Estado mexicano.
Concluyamos con las reflexiones de Levy y López-Calva: “Es más fácil defender y fortalecer las instituciones cuando las mayorías perciben sus beneficios tangibles. Con excepción de la seguridad pública, es difícil pensar en instituciones más importantes e inmediatas que las que proveen salud a las familias, cuidan a los infantes antes de ingresar a la escuela y permiten a las madres y los padres ir a trabajar, ayudan a los trabajadores cuando pierden su empleo o se invalidan y evitan la pobreza en la vejez. En otros términos: un Estado de bienestar incluyente y eficaz como punto de partida para fortalecer otras instituciones del Estado”.
Nada más que agregar… por lo pronto.
@CarlosETorres_
