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jueves, 28 marzo, 2024
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Notas sobre la impunidad administrativa en México

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

Conforme el tema anticorrupción se ha venido colocando en la conciencia social, debido a un gran debate nacional que no es nuevo, pero que ha encontrado vías novedosas a través de reformas, el interés académico y de distintas iniciativas, nacidas de la ciudadanía, estudiar sus aristas se vuelve fundamental para el desarrollo sustancial de las tareas que tenemos pendientes en tan importante, como imprescindible reto. Frente al discurso de la simulación institucional, que siempre pareció dirigirse sin tocar a la caja de pandora de la corrupción, las iniciativas ciudadanas han venido ganando terreno, no solo por su seriedad, profesionalismo y pertinencia, sino también, por la capacidad de organización y particularmente, por el enfoque especializado y concreto que dan en el clavo de los asuntos. Sirva este brevísimo antecedente, para dar paso al reconocimiento del trabajo recientemente publicado “La impunidad administrativa en México. La ineficiencia del sistema que genera impunidad”, del abogado Luis Darío Ángeles, en colaboración con la iniciativa Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey e Impunidad Cero. Citemos las palabras de Darío Ángeles, que dan comienzo a la investigación: “En México, la impunidad por la falta de sanciones administrativas a servidores públicos es mayor a 90% y afecta la calidad de los servicios que presta el Estado. Contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva de manera correcta”. Recordemos, toda falta administrativa, afecta directamente el objetivo del Estado, según se trate del área, dependencia o función específica en la que se cometa, por acción u omisión. Esto a su vez, impacta en la calidad del servicio que las instituciones prestan (por obligación) a las personas, lo que, a su vez, puede (la mayoría de las veces así es) desencadenar procesos que violentan los derechos fundamentales, generando con ello, otros actos de corrupción cuando no de impunidad lacerante.

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El trabajo al que nos referimos, no es solo interesante en términos de análisis, también lo es, en referencia a sendas tareas pendientes de nuestros sistemas de rendición de cuentas: el primero, sistematizar para darle eficacia sustancial, a nuestros mecanismos para fincar, dar seguimiento y concluir, los procesos de responsabilidades administrativas, pero también, tal como lo indicó Irene Tello Arista, en su artículo referente al mismo tema en el diario El Universal, explicar las diferencias entre delitos y faltas administrativas, así como la expectativa que podemos tener de cada una de ellas.

Los avances logrados para sistematizar y homologar, en materia legislativa, los instrumentos, mecanismos e instancias, en materia de prevención, identificación y en su caso, sanción de actos de corrupción, no han logrado consolidarse en el nivel procesos y procedimientos, lo que nos marca un asunto pendiente, para quienes tenemos la obligación directa como operadores de dicho sistema de fiscalización y rendición de cuentas, pero también, en general para el Estado mexicano, en sus distintas áreas e instituciones: el marco ya está dado, falta el contenido. Hagamos pues lo que nos toca, aprovechando la colaboración ciudadana, del tipo de la Iniciativa Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, Impunidad Cero, y el buen Darío Ángeles, promotor del estudio de éste y otros temas relacionados.

P.d. La investigación está disponible en: https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/1627486139N92.pdf ■

@CarlosETorres_

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