En sesión de la Comisión Permanente, de la 64 Legislatura, el diputado Ernesto González Romo, en voz de la legisladora Imelda Mauricio Esparza, presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 del Código Penal y 38, 42 y 157 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, con el objetivo fundamental de lograr que los centros penitenciarios dejen de ser “escuelas del crimen” y se conviertan en instituciones formadoras de personas trabajadoras y disciplinadas.
De acuerdo con el legislador, en la actualidad se cuenta con un sistema de simulación, donde los internos reciben un permiso de trabajo de manera automática, y con ello descuentan dos días diariamente a su condena, sin realizar labor alguna; descuentan el día vivido en prisión y reciben el beneficio de la reducción de otro por realizar jornadas de trabajo sin acreditar si éste verdaderamente se hizo o no, promoviendo así la simulación y el ocio.
Para González Romo, la sociedad zacatecana está indignada por los altos niveles delincuenciales que se padecen, pero “el colmo de la desesperación” es que el Estado pierda el control de los centros penitenciarios, muchos de los cuales se encuentran autogobernados por los propios reos, lo que ha traído como consecuencia que secuestros, extorsiones, y hasta ejecuciones, sean planeadas desde las propias cárceles.
En ese sentido, el legislador morenista destacó, en su propuesta, que el ser humano es un ser de hábitos y así como en la actualidad se aprende, en los penales, nuevas formas de delinquir, es posible que las personas privadas de su libertad dediquen su tiempo al trabajo, al estudio, a la cultura, a la capacitación y al deporte. La propuesta específica es que los reos solamente puedan descontar un día de su sentencia cuando demuestren el haber realizado jornadas de disciplina y trabajo, y quien no realice labor alguna simplemente jamás cumplirá su condena.
El diputado enfatizó en que no se debe recurrir a malos tratos, crueles o inhumanos; por el contrario, se trata de fomentar, en los internos, el valor del esfuerzo a fin de que aprendan que una vida digna y honorable se puede alcanzar por medio del trabajo honesto.
En la iniciativa se establece la prohibición de que los internos reciban pago alguno por sus jornadas laborales y se garantiza que los ingresos que puedan recibir se utilicen para el pago de las pensiones alimenticias que estén obligados a proveer y para pagar las reparaciones de daño causado a las víctimas de sus delitos. Además, se vuelve obligatoria la instalación de cámaras; la identificación del rostro, y la portación de número de interno para evitar corrupción a la hora de acreditar las horas de trabajo, actividades deportivas o culturales y las dedicadas a la capacitación para el trabajo.
Para lograr lo anterior, es necesario dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para que, cuando un reo salga libre, tenga la capacidad de introducirse nuevamente a la sociedad gozando de un buen trabajo y de la oportunidad de desarrollarse sanamente con la intención de que no tienda a la reincidencia.
