En defensa del interés superior de la niñez y en respuesta a la grave crisis de violencia sexual contra menores en el país, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de combatir frontalmente el abuso sexual infantil.
La propuesta legislativa contempla dos medidas clave: Establecer prisión preventiva oficiosa para imputados por abuso sexual contra personas menores de edad, a fin de evitar que enfrenten su proceso en libertad y garantizar la protección de las víctimas.
Así como obligar a instituciones públicas y privadas que trabajen con menores de edad (escuelas, centros deportivos, culturales, de salud, etc.) a requerir a su personal una constancia periódica de no antecedentes penales por delitos sexuales, como condición para su contratación o permanencia.
En este sentido, se propone agregar al artículo 261 del Código Penal Federal el siguiente párrafo:
“Tratándose de este delito, la persona imputada no podrá enfrentar su proceso en libertad, debiendo imponerse prisión preventiva oficiosamente en todos los casos en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una conducta que atenta gravemente contra la integridad, dignidad y el interés superior de los menores.”
Además, respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone adicionar el artículo 49 Bis, con el siguiente texto:
“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como las personas físicas o morales que presten servicios educativos, deportivos, culturales, recreativos, de salud, asistencia social o cualquier otro que implique contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, deberán requerir a su personal, previo a su contratación y de manera periódica, una constancia de no antecedentes penales por delitos de abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil o cualquier otro que atente contra la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad.
“Es inaceptable que México ocupe el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Miles de niñas y niños están siendo violentados en espacios que deberían ser seguros, como sus hogares y escuelas. Esta reforma es una respuesta directa, urgente y necesaria”, sostuvo el legislador zacatecano.
La reforma busca además cerrar el paso a posibles agresores sexuales que buscan insertarse en ambientes escolares, deportivos o recreativos, evitando que quienes tengan antecedentes por abuso sexual, trata o pornografía infantil puedan trabajar cerca de menores.
Ulises Mejía Haro reiteró que esta iniciativa forma parte de su agenda legislativa en favor de la niñez, la seguridad y los derechos humanos, convencido de que la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier otro interés.
