Jorge Rada, abogado de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), afirmó que el no pago del aguinaldo es una violación a los derechos humanos de parte del Gobierno del Estado y, a pesar de que están retardando el proceso legal, “al final tendrán que pagar”.
“El Issstezac ha estado debatiendo jurídicamente las decisiones de los jueces federales en cuanto al reconocimiento a la orden del pago a todos ellos. Ha presentado recursos de queja ante el Poder Judicial Federal, los cuales han sido declarados improcedentes, extemporáneos, infundados y sin materia” expuso.
Refirió que el instituto está presentando los recursos de queja fuera de tiempo, “lo que se puede denominar una chicaneada dentro del argot jurídico para retardar las consecuencias legales de una orden de un juez federal”.
Sin embargo, dijo que se está a la espera de que los jueces federales celebran las audiencias constitucionales donde decidan si se otorga o no el amparo a todos los quejosos, aunque en este momento ya se han concedido 10.
Ante esa situación, Rada dijo que el Issstezac podría recurrir a un recurso de revisión, pero el Tribunal Colegiado los desechará y “al final del camino tendrán que pagar, pero una vez realizado el pago hay una retención ilegal que puede traducirse como una conducta delictiva”.
“La conducta que está realizando el Instituto de chicanear todas las decisiones de los jueves del ordenamiento del pago tiene distintos ámbitos, como por ejemplo la violación a sus derechos humanos y nos extraña que la comisionada estatal de Derechos Humanos nos justifique la no emisión de la recomendación por la elaboración de dictámenes psicológicos cuando hay precedentes de la Corte Interamericana donde han establecido que existe una violación a los derechos humanos el hecho de que no se paguen las pensiones”, explicó.
También cuestionó la omisión de la Legislatura del estado a esta problemática y fue hasta que se realizó una movilización que se realizó el martes pasado cuando surgió un pronunciamiento de algunos legisladores.
Reiteró que los argumentos del Issstezac son improcedentes e infundados, por lo que manifestó que la Secretaría de la Función Pública debe intervenir directamente en esta problemática, ya que este organismo tiene la facultad de destituir servidores públicos implicados.
Rada mencionó que el argumento de Gobierno del Estado es que el aguinaldo no está reconocido en la ley del Instituto, pero existen observaciones en la auditoría que demuestran las causas reales por las cuales el instituto está en crisis.
