Luego de que Ernesto González Romo, actual diputado por Morena, diera a conocer información sobre un esquema de presunta corrupción durante la 63 Legislatura, en que se desviaron 200 millones de pesos, se hizo pública una lista de 32 ex legisladores, entre titulares y suplentes, que están involucrados, pero el único que respondió fue Omar Carrera Pérez.
El ex diputado Omar Carrera desmintió que, durante su periodo en la 63 Legislatura haya participado en la llamada “Estafa Legislativa” y, en caso de ser llamado por las autoridades competentes, “aclararé todo el procedimiento legislativo”, pues se trata de “mentiras, injurias y calumnias de un diputado que se mareó”.
Consideró que el legislador Ernesto González, quien hizo los señalamientos, “no conoce los procedimientos de la Legislatura, no conoce nada y emite posturas fuera de toda realidad y certeza jurídica y estoy valorando el cómo voy a actuar de manera particular”.
Además, dijo que el trabajo legislativo debería enfocarse en la elaboración y presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, y no acusaciones que solamente afectan al Ejecutivo del estado.
En ese sentido, indicó que desconoce los motivos por los cuales se hayan emitido estas acusaciones, pero manifestó que “todos conocemos su trabajo de poca credibilidad, de golpeador, insultante, y es lamentable porque calumnia a un poder. Ojalá y entienda el daño que está haciendo a su propia bancada, al gobernador y a todos”.
Carrera Pérez reiteró que es una mentira que se haya implicado en prácticas irregulares y lo único que González Romo evidencia es su falta de conocimiento sobre los procesos legislativos.
Opinó que “sólo busca el protagonismo, no tiene ninguna prueba de nada y es lamentable su nivel legislativo. Este procedimiento de 200 millones de pesos no sé de dónde los saca, no entiendo, porque para empezar uno no hace los pagos, lo hace la Legislatura con un procedimiento avalado por la auditoría por la Unidad de Fiscalización y muchos requisitos”.
Agregó que quien acusa está obligado a demostrar y, en este caso, “cree que por el solo hecho de ser diputado puede alzar la voz, pero se equivoca, porque ni siquiera tiene la representación. Esa representación se la debe a un movimiento al que ahora está golpeando”.
Expuso que el procedimiento legislativo establece varias medidas y las facturas están avaladas por la Secretaría de Hacienda, además de que no se permite el pago a empresas fraudulentas o con movimientos anómalos.
Carrera Pérez comentó que los legisladores sostuvieron diálogo con instancias que coadyuvaron con el tema legislativo, pero ningún legislador pagó directamente, sino que se realiza un procedimiento burocrático que es revisado por la propia Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas, entre otras
Desde su perspectiva, entonces, es un asunto mediático de González Romo para ocultar que su trabajo no le aporta nada al estado ni al movimiento, de forma que solo busca descalificar para hacer descalificaciones.
La Jornada Zacatecas trató de contactar a algunos de los señalados en la lista, tales como Javier Calzada, Jesús Padilla y José María González, ninguno de ellos respondió.
En el mismo tenor, ninguno de ellos ha publicado alguna postura o explicación sobre la situación, a pesar de que algunos de ellos son acusados de desviar cifras millonarias en facturas.
Entre los señalados destaca la actual secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo y el actual titular de la Secretaría del Campo, Jesús Padilla, a quienes se les acusa de desviar un millón 539 mil 919 pesos y un millón 681 mil 802 pesos, respectivamente.
Según los documentos que se hicieron públicos, un total de 32 ex legisladores, entre titulares y suplentes, de todos los partidos políticos, se vieron involucrados en la presunta compra de facturas de bienes y servicios que no pudieron ser comprobados.
Mediante un comunicado, los diputados de la 64 Legislatura del estado, Imelda Mauricio Esparza, José Guadalupe Correa Valdez, Soralla Bañuelos de la Torre, Roxana Muñoz González, Gabriela Basurto Ávila, Xerardo Ramírez Muñoz, José Juan Mendoza Maldonado, y Víctor Humberto de la Torre Delgado, expresaron su preocupación por las acusaciones del legislador Ernesto González Romo en contra de ex diputados de la 63 Legislatura.
Enfatizaron que la entrega-recepción entre la 63 y 64 Legislatura no ha concluido y que el Poder Legislativo no se constituye como un ente fiscalizador o de impartición de justicia, por lo que serán respetuosos del debido proceso del asunto.
Hicieron un llamado a Ernesto González Romo para que presente las denuncias correspondientes para que así se investigue, clarifique y en su caso se castigue todo presunto caso de corrupción en cualquier nivel de gobierno.
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