Candidatos a jueces y magistrados participaron ayer en un conversatorio sobre el acceso a la justicia de las personas del movimiento ĺésbico, gay, bisexual, trans, queer y más (LGBTQ+), en el que reafirmaron su compromiso para garantizar el reconocimiento de los derechos de este sector de la sociedad.
Participaron Mara muñoz, candidata a jueza de distrito en materia penal, José Fernando Vega Larrea, candidato a juez de distrito en materia mixta, Diana Macias, candidata a jueza en materia familiar, Luis Arturo Rodriguez, candidato a juez de distrito mixto, Jorge Martín Zamora González, candidato a juez de distrito mixto, Osvaldo Cerrillo Garza, candidato a magistrado de la primera sala penal, y Lorena Casillas Baca, candidata a magistrada de circuito.
Para iniciar con el encuentro, integrantes de la comunidad expusieron que su movimiento siempre ha tenido como objetivo luchar por sus derechos, ya que muchas veces las autoridades no se los respetan y entonces deben recurrir a diversas acciones para lograr su inclusión a pesar de que esta se les niega.
Mencionaron el tema de la identidad de género, en el que Zacatecas cuenta con una ley, pero establece que sólo pueden tramitar un cambio las personas mayores de edad, pero no así las infancias.
Durante su intervención, los candidatos y candidatas coincidieron en que un tema pendiente en el sistema judicial es el de los derechos de la comunidad (LGBTQ+) y desde la perspectiva de Muñoz se debe a que las instituciones de justicia aún actúan bajo una cultura heteropatriarcal y no tienen apertura a la diversidad que se construye a partir de las diferencias sexuales.
Otros candidatos comentaron que este tipo de conversatorios son importantes porque los servidores públicos del sistema judicial no habían tenido sensibilidad para escuchar los problemas de esta comunidad y en ese sentido es necesario que en el poder judicial proteja los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad de todas las personas.
Incluso consideraron que representantes de la comunidad deben ser incluidos en el poder judicial, es decir, que algunos de sus integrantes sean servidores públicos, lo que ayudaría a que haya una dimensión precisa de las problemáticas que enfrentan.
Para garantizar una impartición de justicia imparcial y equitativa, dijeron que se debe corregir la desigualdad estructural y para ello es fundamental juzgar bajo una perspectiva de género, lo que implica cumplir con la obligación de hacer realidad la igualdad entre las personas.
