En sesión solemne de la 65 Legislatura, el fiscal general de Justicia del Estado (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, presentó su informe anual de actividades, en el que destacó una reducción del 52.7% en homicidio doloso, del 55% en feminicidio, del 29% en extorsión y del 10% en secuestro. Aseguró que “por primera vez en más de 10 años” Zacatecas logró una disminución general de la incidencia delictiva del 3.5%, gracias a una estrategia de persecución penal enfocada en delitos de alto impacto.
“Si queremos detener la violencia, es necesario detener el tráfico y uso de armas de fuego”, declaró, al referirse al aseguramiento récord de 74 armas en un solo cateo realizado por la Fiscalía en coordinación con otras instancias de seguridad.
Camacho Osnaya informó que, en el último año, se obtuvieron 742 sentencias condenatorias, lo que representa un incremento del 28% en comparación con 2023, y se dictaron más de 14 mil 900 años de prisión contra responsables de distintos delitos, incluidas penas ejemplares como las impuestas por el caso de los cuerpos abandonados en Plaza de Armas, el 6 de enero de 2022. A través de salidas alternas y justicia restaurativa, dijo, se logró la recuperación de más de 52 millones de pesos en favor de víctimas y ofendidos, de los cuales 9.4 millones corresponden a casos de corrupción.
Uno de los ejes más subrayados fue la atención a personas desaparecidas. El fiscal destacó que en 2024 se realizaron 195 búsquedas de campo —frente a las 69 del año anterior— y se logró un incremento del 15.2% en personas localizadas. También anunció la creación de una nueva unidad de análisis para la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, que ya comenzó operaciones, y la instalación de dos mesas únicas de seguimiento para casos de larga data.
En su segunda intervención, afirmó que “todas las muertes violentas de mujeres son investigadas bajo un enfoque diferenciado, con perspectiva de género, con protocolos y personal especializado”. Aseguró que hay carpetas judicializadas por los hechos del 8 de marzo de 2024, en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra 15 mujeres manifestantes. Sin embargo, no precisó cuántas carpetas existen, ni si hay sancionados.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) calificó de “raquítica” la bolsa federal de 4.6 millones de pesos destinada a la Fiscalía Especializada en Desapariciones, y preguntó si el estado aporta algo más. Cuestionó también si se están utilizando tecnologías como escáneres portátiles de huellas dactilares y qué medidas se han implementado para proteger a madres buscadoras, quienes han sido objeto de amenazas. Señaló que “contener la violencia contra las mujeres tiene que ser una política decidida del Estado” y criticó que solo se haya destinado poco más de un millón de pesos a ese rubro desde el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, entre otros cuestionamientos.
Carlos Peña Badillo (PRI) advirtió que “Zacatecas sigue siendo nota roja nacional” y pidió no maquillar cifras. Lamentó el asesinato de elementos policiales durante acciones de búsqueda en Luis Moya y acusó que, en varios municipios, aún hay territorios controlados por el crimen.
Por su parte, Ma. Teresa López García (PAN) preguntó si existen denuncias contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), especialmente por su actuación durante el 8M, y lamentó que las familias tengan que enfrentar la desaparición de sus seres queridos “ante un sistema que a menudo resulta ineficaz”.
Desde la tribuna, Camacho Osnaya insistió en que la Fiscalía “ya no trabaja a puertas cerradas” y que se han establecido lineamientos para revisar todas las carpetas con más de 365 días sin movimiento.
