La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.
Artículo 39 de la Constitución
Para fines de abril aprobarán las cámaras una ley para declarar en estado de sitio a México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo crea conveniente. ¿O qué otra cosa es una suspensión de derechos y garantías de una nación?
La ley reglamenta el artículo 29 constitucional, contiene entre otras aberraciones:
Faltan elementos objetivos que determinen las circunstancias que ameriten la suspensión de garantías, queda a la libre voluntad e interpretación del ejecutor. El artículo 2 de la ley dice que: “en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.” El “otro” caso queda abierto a la libre interpretación.
El artículo 7 señala aquellos derechos que no serán susceptibles de suspensión, dejando fuera los derechos humanos de los trabajadores y el del debido proceso. Esta facultad de suspender garantías constitucionales es exclusiva del poder ejecutivo. Solo después de su aplicación, puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer su análisis, a posteriori.
A la crisis de violencia que vivimos todos los días, a la crisis de derechos humanos que hunde a los ciudadanos, a la falta de democracia que no toma en cuenta la opinión del pueblo para hacer las reformas energéticas, ni a los trabajadores para reformar la Ley Laboral, ni a los maestros para la reforma laboral educativa. Pero que sí penaliza o criminaliza la protesta social.
A la crisis de credibilidad que vive la nación, que cada vez hace más abuso de los medios y la mentira, son las propias instituciones las que califican su desempeño, no la opinión pública, ahora se le otorgan más poderes al presidencialismo que vivimos desde hace décadas, en detrimento de la democracia.
Ante la crisis petrolera, la venta de las industrias estatales básicas, la entrega de la economía nacional a las trasnacionales, vía TLCAN y Transpacífico; ante la política de contención o topes salariales, de “cero huelgas”, la proliferación de contratos colectivos de protección patronal, ante el cambio que desaparece el Congreso del Trabajo y desliza a la CTM y CROC al sindicalismo blanco. ¿Qué viene hacer esta ley reglamentaria del artículo 29 constitucional?
¿Temen que la popularidad del presidente caiga más. Qué el Pacto por México pierda adeptos. Perder las elecciones de 2018?
¿Por qué le temen a la protesta social y ciudadana?
Los derechos y garantías ciudadanos de protesta, manifestación, reunión y para exigir el cumplimiento de las leyes, están consagrados y protegidos por la Ley Suprema, y nada ni nadie puede limitarla o suprimirla. No son atribuciones de los diputados y senadores ir en contra la Constitución y el pueblo.
Lo que no explican sus impulsores –gobierno, PRI, PAN y PRD-, ni el proyecto es: ¿por qué creen que esa alternativa regresiva, antidemocrática y antipopular es la solución a la crisis política, social, económica y de derechos humanos que vive México? ¿En qué se basan, acaso en las dictaduras sudamericanas del pasado?
Los estados de sitio fueron políticas de dictaduras sudamericanas, a la suspensión de garantías ciudadanas acudió De la Rua para proteger los “corralitos”, cuando su gobierno se apoderó de los ahorros de la gente, provocando la ira y protesta ciudadana, que destituyó en 2001 a ese presidente argentino.
Llamamos a rechazar el inadmisible proyecto de brutal regresión jurídica, pues como bien dicen Raúl Jiménez y Karla Micheel en la nota: Reforma al artículo 29 niega el estado de derecho (ver La Jornada del 5 de abril de 2016) a nombre de la ANAD: “el proyecto no debe ser aprobado; de lo contrario, podría propiciarse un régimen autoritario y carente de controles democráticos.”
Este es el peligro más grave para el futuro del pueblo, desde la privatización energética. Por eso estamos todos involucrados, los trabajadores y sindicatos en primer lugar. Debemos manifestarnos rechazando la ley del artículo 29, hoy, mañana y el primero de mayo. ■
*Miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ANAD.
