Una vez más se cuestiona al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) del gobierno de la CDMX. Estos cuestionamientos son naturales debido a que el IAPP tiene a su cargo menores, y cualquier procedimiento que tenga que ver con el bienestar de niños, niñas y adolescentes, siempre debe ser vigilado. El propósito del IAPP es brindar servicios de asistencia social a las personas en situación de calle y/o abandono para que recuperen su autonomía y una vida digna. Estas personas son frecuentemente olvidadas e invisibilizadas socialmente. Es por esto que el monitoreo de las labores debe ser común y bienvenido. La atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad debe ser una de las más reguladas de todas las actuaciones de los sistemas de asistencia. Una de las poblaciones más vulnerables, y que merecen de todos los cuidados del Estado, son los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, abandonadas o extraídas de familias que las violentaban, ya que esta población por definición ha sufrido ya algún tipo de abuso a sus derechos humanos previó a la intervención de los Centros de Asistencia. En la Ciudad de México el IAPP atiende a estos menores a solicitud del DIF.
Preocupa por lo tanto el caso referido por la Crónica el día 7 de febrero. El periódico asegura tener en su poder minutas de trabajo oficiales que señalaron la existencia de un abuso de los y las menores, incluyendo el castigo corporal. De acuerdo a esta nota, además de las minutas existen quejas del personal que trabajaba en estos centros para alertar sobre la existencia de una situación de abuso. Se tiene, de acuerdo a Crónica, una denuncia ante la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) desde noviembre de 2021, pero que de acuerdo a quienes expusieron la situación ante la Crónica no ha generado seguimiento ni atención adecuada.
La atención a niños, niñas y adolescentes que vienen de una situación de violencia es altamente compleja. Estos y estas menores muchas veces tienen problemas de conducta, problemas mentales, problemas de salud y no confían en las autoridades de quienes están a su cargo. Es por esto que la atención debe ser altamente especializada, precisamente para atender estos problemas de la manera más humana posible. Para muchos de estos y estas menores, igualmente su estancia en los Albergues administrados por el IAPP no es su primera visita a un albergue, ya que muchas veces son procesados antes por Albergues Privados. Ninguna de estas situaciones justifica ni uno sólo de los procedimientos descritos por la Crónica. Los abusos descritos por la Crónica están acompañados por fotografías donde se encuentran los menores sufriendo estos actos de violencia. En particular debo destacar que claramente se está violentando la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 77 establece el derecho a la intimidad. Esta misma Ley igualmente marca sanciones a los y las funcionarias públicas que violen este derecho. Recordemos que este fue uno de los principales argumentos por los que también se pidió se investigará a Mariana Rodríguez y Samuel García sobre las fotos y difusión en redes que hicieron de un menor del Albergue Capullos del DIF Nuevo León.
Parece haber indicios de que estos presuntos abusos están localizados en unos cuantos albergues, en particular iniciaron en el Albergue San Bernabé, pero migraron al Albergue La Coruña, cuando el primero se cerró por problemas económicos. El tema debe mantenerse en el ojo público, precisamente para asegurar que se inicie un proceso de investigación claro, y que ofrezca solución al presunto abuso que los y las menores están sufriendo. Esto porque una de las bases del Derecho Mexicano es salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La directora del DIF en la Cdmx, Esthela Damián Peralta asegura ya se está atendiendo el caso y que ya se ha proporcionado atención psicológica a los y las menores implicados. No obstante, este debe de investigarse a fondo para establecer si existió negligencia por parte de la IAPP, y si la intervención se dio sólo hasta que el asunto se hiciera mediático, y no mediante el seguimiento de quejas internas. Lamentablemente en estas semanas hemos visto un alza de denuncias en medios por irregularidades en la protección de niñas, niños y adolescentes en los albergues; Urge mejorar las condiciones de dichos centros en todo el país en pro de su bienestar. En caso de no hacerlo estamos en riesgo de seguir fallándoles a quienes más nos necesitan.
