A la luz de los datos presentados por el Coneval, que revelan que el 49 por ciento de las mujeres en México carecen de seguridad social y el 37 por ciento no tienen acceso a servicios de salud, María Luisa Sosa de la Torre, integrante de la asociación feminista Olimpia de Gouges, señaló la urgencia de implementar políticas públicas claras y una distribución presupuestal equitativa que permita cerrar estas brechas de desigualdad.
Sosa de la Torre destacó que el rezago de las mujeres se evidencia en su acceso limitado a derechos básicos como la seguridad social y la salud, especialmente para aquellas que viven en zonas rurales y urbanas marginadas. «La inmensa mayoría de estas mujeres no tienen acceso a procesos que cambiarían radicalmente su calidad de vida», lamentó.
La activista también reflexionó sobre cómo los roles tradicionales de género afectan el desarrollo personal y profesional de las mujeres, limitando su acceso a espacios de toma de decisiones. «Cuando las mujeres cruzan la etapa reproductiva con su vida estudiantil o laboral, casi siempre se opta por la primera, sacrificando los avances que podrían alcanzar en educación y preparación profesional», explicó.
Reconoció que las brechas eran más amplias en el pasado, pero enfatizó que sigue siendo alarmante que el 36.9 por ciento de las 67.1 millones de mujeres mexicanas vivan en situación de pobreza, de acuerdo a cifras del 2022. Agregó que, para que realmente sea el “tiempo de las mujeres” y se haga realidad la frase de la presidenta al afirmar “llegamos todas”, es indispensable una distribución presupuestal equitativa que garantice el fortalecimiento de sus derechos.
Los comentarios de la activista coinciden con la evaluación del Coneval, que expone los retos históricos de desigualdad en México, y llama a la implementación de políticas integrales que permitan reducir las disparidades de género en el acceso a derechos básicos y oportunidades.
En este sentido, uno de los señalamientos derivados del Primer Seminario para el Adelanto de las Mujeres, organizado a finales de agosto de 2024 por feministas zacatecanas, fue el “crecimiento desproporcionado” de los recursos asignados al Anexo 13. De estos, el 61.5 por ciento se destina a las Pensiones para el Bienestar de personas adultas mayores, mientras que solo el 0.3 por ciento, equivalente a mil 194 millones de pesos, se asigna al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV), criticaron las activistas.
