Este lunes, en sesión del Consejo Universitario, la consejera estudiantil e integrante de la Red de Investigación Feminismos y Desarrollo, Margarita Ramos, y Verónica Aguilar, del Grupo de Acompañamiento a Mujeres Universitarias, propusieron que se integrara a la convocatoria electoral el principio constitucional de paridad sustantiva, con el objetivo de garantizar no solo la postulación paritaria de planillas, sino también la distribución alternada entre mujeres y hombres en los cargos de la administración central.
Aunque se pretendió aprobar la convocatoria sin cambios, argumentando que ya contenía lenguaje incluyente y la integración paritaria en las candidaturas como avances sustantivos, el debate llevó a incorporar dicha modificación.
Margarita Ramos planteó que los ajustes propuestos por la Comisión Electoral —si bien representaban un “pasito que nos nombra a las mujeres”— seguían siendo insuficientes frente a la obligación constitucional de garantizar la representación efectiva.
Verónica Aguilar señaló que sin criterios claros sobre cómo se distribuyen los cargos dentro de las planillas, la paridad corre el riesgo de quedar en una simulación. Ambas propusieron que el Consejo Universitario se declarara en sesión permanente y estableciera lineamientos concretos para asegurar la igualdad sustantiva en la integración de los cargos.
En un primer momento, Ángel Román, Fernando Mireles, Jesús Trejo y otros participantes urgieron a votar la convocatoria en sus términos, argumentando que no contravenía la ley universitaria y que las observaciones requerían un análisis posterior. Roxana Araujo, directora de Enfermería, señaló que también hay mujeres violentadoras y que resultaría forzado aplicar un criterio de paridad en escuelas donde predomina un género.
Mónica Muñoz, directora de la Unidad Académica de Letras, enfatizó que el lenguaje incluyente debe ir acompañado de acciones concretas.
En ese mismo sentido, la dirigente del SPAUAZ, Jenny González Arenas, propuso incluir en la convocatoria un compromiso firmado por quienes aspiren a cargos directivos, para que garanticen la integración paritaria de sus equipos. Después de algunos intercambios se aceptó que dicho compromiso se asumiera “en la medida de lo posible”.
González Arenas también impulsó la propuesta de discutir el documento reserva por reserva, subrayando que no podía justificarse el incumplimiento constitucional vigente desde 2019 con el argumento de la prisa. En la misma línea, Marco Antonio Torres Inguanzo llamó a no utilizar una “aplanadora” para aprobar la convocatoria sin atender las observaciones.
Sobre la propuesta de eliminar el requisito de presentar constancia de la Contraloría Interna, el Consejo Universitario decidió mantenerlo, pero acotando que la constancia solo acreditará que no existe procedimiento ni sanción en contra de la persona aspirante.
Aunque algunas voces señalaron que este documento podía usarse de forma discrecional para impedir candidaturas (citando el caso de Rubén del Pozo), se aprobó conservarlo con esta interpretación en una votación de 49 a favor y 4 en contra.
Tras casi cinco horas de sesión, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la convocatoria electoral, con lo cual dio inicio formal al proceso que renovará un total de 740 cargos, incluyendo la Rectoría, coordinaciones de área y direcciones de unidades académicas.
La jornada electoral se realizará el 14 de mayo; el periodo de campañas comenzará el 26 de abril y concluirá el 8 de mayo, dando paso a la etapa de veda electoral a partir del día 9.
El sábado 10 de mayo votarán los integrantes del sistema semiescolarizado, y el resto de la comunidad universitaria lo hará el día de la elección general.
