Como es sabido, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado lunes 5 de febrero, en el contexto de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de 1917, presentó sendas iniciativas de reforma constitucional y legal: veinte en total. Los temas son los siguientes: pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; bienestar y programas sociales; becas, atención médica integral, universal y gratuita; vivienda, protección y cuidado de los animales; alimentación medio ambiente sano y agua; protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas; en materia penal, extorsión y delitos fiscales; salarios; pensiones; tren de pasajeros; reforma electoral; reforma al Poder Judicial; industrias estratégicas del Estado; Guardia Nacional; eliminación de (algunos) órganos constitucionales autónomos; remuneración de servidores públicos, en lo que se ha llamado “austeridad republicana”; simplificación administrativa y finalmente una reforma a la Ley del ISSSTE.
Partamos de la transparencia: desde esta columna, por lo que se conoce hasta ahora de las propuestas, no coincidimos ni en la forma ni, en la mayoría de los casos, en el fondo; y el fondo implica no solo el argumento teórico simplificado, sino el análisis mismo del diseño, pretensiones, objetivos, fines, resultados e impactos de las reformas que se han presentado. Sin embargo, ello no quita la posibilidad de que se inicie un diálogo nacional amplio para debatir, analizar, informarse, escuchar, dialogar y concluir, todo en clave deliberativa, dichas propuestas. Inclusive, es posible que el momento, justo antes de iniciar las campañas políticas, sea el momento idóneo para debatir dichas reformas que implican todo un proyecto político, que no necesariamente de gobierno, pues las implicaciones y modificaciones que significarían dichas reformas, van más allá de un período presidencial y más allá de un poder mismo, se trata pues, en sí, de una reforma de Estado que inclusive va más allá del ámbito orgánico de nuestro sistema, y que abarca, tanto los derechos fundamentales, como, dentro de éstos, sus garantías y la batería de derechos sociales integrados en la Constitución.
Desde luego, el debate mismo implicará un ambiente de estrés político, no solo en lo que hace a los actores en disputa en el proceso electoral, también a los actores institucionales, incluyendo entre éstos a los Poderes de la Unión, los Órganos Constitucionales Autónomos y en sí, nuestro modelo constitucional vigente. Esto último tampoco es una novedad: desde que inició el sexenio que culmina este año, nuestra democracia constitucional, como modelo político, se ha mantenido en constante estrés al enfrentarse a un proyecto político mayoritario que no se ajusta, por su índole plebiscitaria, al régimen que se pretende instalar.
Esta situación, sin embargo, tendrá pronto su primer capítulo o conclusión (esto último dependerá de los resultados de la elección de junio). Baste decir que, hasta donde poseemos datos históricos, la mejor versión de democracia es la constitucional, que ajusta la voluntad de las mayorías con el derecho de las minorías, a partir de fórmulas filosóficas, pero también políticas e institucionales, que permiten que convivan los derechos humanos y la política democrática, en su vertiente electoral-mayoritaria.
Partamos pues, aprovechando la oportunidad para conocer posturas claras, definidas y definitorias, a un ejercicio pleno de deliberación democrática que nos permita intuir el futuro próximo de nuestra Constitución y por ende, de nuestro pacto social y sistema político.
@CarlosETorres_
