México, DF. Después de más de cuatro años y cinco meses de que ocurrió el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños, “prevalece la incertidumbre” sobre las condiciones en que operan los centros de atención para menores de edad, porque aún no está construido en su totalidad el andamiaje legal necesario para garantizar la seguridad en las estancias infantiles.
Lo anterior quedó de manifiesto cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron la discusión de la acción de inconstitucionalidad 86/2009 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Congreso y Ejecutivo del estado de Baja California, por la aprobación de diversos artículos de la Ley de Salud Pública, relacionados con la regulación de las guarderías en esa entidad.
Con el fantasma del incendio ocurrido en la Guardería ABC, el cinco de junio de 2009, los ministros llamaron la atención sobre la importancia del asunto para que no queden resquicios legales que afecten “el interés superior del niño”.
Margarita Luna Ramos destacó que si bien el 24 de octubre de 2011 se aprobó la Ley General de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de los Niños, esta legislación estableció un “sistema de concurrencia” para armonizar las disposiciones federales, estatales y municipales bajo las cuales deben operar las estancias infantiles en el país, precisamente para evitar tragedias, proyecto que hasta la fecha no se ha cumplido.
Dada la trascendencia del caso, la ministra instructora del asunto, Olga Sánchez Cordero, resolvió retirar su proyecto para presentar un nuevo documento que recoja los puntos de vista esgrimidos por sus compañeros en la sesión de este jueves.
