■ Necesario, promover una modernidad sustentable y sostenible en las áreas urbanas, aseguran
■ Presentan organismos propuestas en foro Por el derecho a la ciudad, México rumbo al Hábitat
La asociación civil denominada Observatorio Ciudadano de Agenda de Género y Campus Pensadoras Urbanas presentaron su propuesta en torno al foro Por el Derecho a la Ciudad, México rumbo al Hábitat III, en la que manifiestan la necesidad de promover una modernidad sustentable y sostenible en las ciudades.
Isabel Jiménez Maldonado, presidenta de esa asociación civil, manifestó que la agenda urbana debe construirse “desde abajo, no como ha sucedido en la historia que siempre es de arriba hacia abajo”.
Expuso que en el año 2050 habrá problemas graves en las ciudades debido a que las zonas rurales están migrando hacia las ciudades, pero éstas no cuentan con una planeación urbana adecuada.
Por lo tanto, “nosotros vamos a promover esta perspectiva de derechos humanos, del derecho a la igualdad, y reducir la brecha de desigualdad a través de un esquema participativo, porque la sociedad civil no está incorporada en el análisis y la vigilancia de la política pública necesaria para una nueva agenda urbana”.
Según expuso, la política urbana de la ciudad debe incluir acciones positivas y estrategias transversales en el marco de los derechos humanos y no de visiones asistenciales que colocan a la población como un grupo vulnerable y la participación prioritaria de las mujeres en los procesos de planeación y mecanismos de seguimiento de la agenda urbana.
Jiménez Maldonado también planteó la necesidad de instrumentar políticas de democratización del usufructo igualitario de plusvalías y con ello recuperar la función social del suelo, así como políticas de creación de reservas de suelo urbano para cooperativas de vivienda que apoye la construcción social del hábitat que realizan las mujeres.
Demandó además diseños arquitectónicos de viviendas productivas, con mecanismos crediticios adecuados, en un contexto de precarización y crecimiento lento del mercado laboral que tiene los salarios mínimos más bajos de América Latina.
Asimismo, dijo que la política urbana de la ciudad debe contemplar mecanismos eficientes anticorrupción que impida el desvío de recursos y fomento de las economías inclusivas y desarrollo local que apoye el modelo de Economía Social y Solidaria mediante el cual se promueva la agricultura urbana, el trabajo digno e ingresos iguales para trabajo de igual valor.
De igual forma, Jiménez Maldonado sugirió la aplicación de incentivos fiscales a acciones y proyectos productivos que reduzcan la huella del carbón, apoye la economía del cuidado, la creación de servicios comunitarios, el reciclado de agua y residuos sólidos y favorezca el vínculo campo-ciudad.
La propuesta plantea además la conformación de barrios integrales con servicios educativos, de salud, de abasto, laborales, recreativos, financieros y deportivos de proximidad y no más desarrollos inmobiliarios que colapsen la movilidad metropolitana.
