El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado cambios en las políticas sobre extractivismo en México, pero no han sido suficientes para afirmar que éstas ya no son neoliberales y, por el contrario, se trata de un proceso de continuidad de ese modelo, afirmó Darcy Tetreault, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
Expuso que esos cambios tienen que ver con medidas tomadas para fortalecer a Pemex, entre ellas la construcción de una nueva refinería y la remodelación de las existentes para agregar valor al petróleo crudo y lograr niveles más altos de autosuficiencia energética, así como la cancelación de las rondas de licitación para transferir campos petroleros al sector privado, y el otorgamiento de nuevas concesiones en el sector minero.
Además, comentó que este gobierno ha realizado reformas legales para proteger más los derechos de los trabajadores subcontratados y para obligar a los sindicatos a ser más democráticos y transparentes y “ha sido más renuente que sus antecesores en desplegar las fuerzas armadas para reprimir las protestas”.
Sin embargo, “al denigrar a las personas que luchan por defender su territorio de los estragos del extractivismo, López Obrador ha contribuido a crear un clima de inseguridad para ellas, lo que ha resultado en numerosos ataques y asesinatos cometidos con impunidad”, dijo.
El gobierno actual
denigra a las
personas que luchan
por defender su
territorio de los estragos
del extractivismo
En cuanto a la política ambiental, Tetreault expuso que ha habido dos señales positivas: la promesa de no utilizar el fracking para extraer hidrocarburos no convencionales y el nombramiento de Víctor Toledo al frente de la Semarnat; no obstante, “la continuación del fracking en la práctica, la salida de Víctor Toledo, el desmantelamiento institucional del sector ambiental y la no modificación de las leyes ambientales, implementadas durante la era neoliberal, sirven para eclipsar dichas señales positivas y establecen una orientación institucional que relega los asuntos ambientales a un segundo nivel de importancia”.
“Esto se ve confirmado por el objetivo explícito de acelerar la extracción de hidrocarburos a través de subsidios gubernamentales a Pemex y por la continuidad de las leyes que priorizan las actividades petroleras y mineras”, agregó.
Sobre las rentas de recursos, refirió que no se ha modificado los impuestos y regalías que pagan las empresas privadas que llevan a cabo actividades extractivas en México y, al contrario, López Obrador ha prometido respetar los términos de los contratos que se establecieron antes de que llegara a la Presidencia.
Además, Tetreault detalló que este gobierno ha eliminado los mecanismos para canalizar los recursos del Fondo Minero hacia el gasto social en las regiones mineras y ha creado nuevas oportunidades para la participación del sector privado en la explotación petrolera.
Es decir, “ha alentado la expansión de la minería, que está completamente dominada por el sector privado. Todo esto habla de una fuerte inclinación hacia la continuación en los sectores extractivos de esa pesadilla que es la política neoliberal”, concluyó.
