Los amparos contra la construcción del viaducto elevado promovidos por despachos como el de Jorge Rada y otros asesores legales buscan suspender la obra alegando posibles irregularidades en permisos, falta de consulta pública y afectaciones ambientales y urbanas. Casos como el proyecto hidroeléctrico en Puebla y el desarrollo inmobiliario en Jilotzingo, Estado de México, han demostrado que los tribunales pueden suspender obras cuando se acreditan violaciones legales o falta de participación ciudadana.
Sin embargo, la probabilidad de éxito de los amparos dependerá de qué tan bien fundamenten las afectaciones directas a los promoventes y si logran demostrar incumplimientos en disposiciones legales fundamentales.
Movimiento ciudadano y otras organizaciones han denunciado que la obra se aprobó sin un proceso de consulta adecuado, vulnerando el derecho ciudadano a participar en decisiones que afectan su entorno. Antecedentes como la Supervía Poniente en CDMX han mostrado que la falta de consulta pública puede derivar en amparos y protestas, aunque no siempre logran frenar la obra.
En el caso del Tren Maya, se presentaron múltiples litigios por la falta de consulta a comunidades indígenas, lo que resultó en suspensiones parciales sin alcanzar su cancelación definitiva.
Otro de los puntos centrales de la oposición es que la obra podría generar afectaciones económicas a negocios locales y a la movilidad de los ciudadanos durante su construcción. En la Línea 7 del Metrobús en CDMX, algunos comercios argumentaron que las obras redujeron sus ingresos y presentaron demandas que derivaron en la suspensión temporal del proyecto.
De manera similar, en el Tren Interurbano México-Toluca, los comerciantes y vecinos de Ocoyoacac lograron frenar temporalmente la obra con un amparo, aunque esta continuó tras negociaciones con las autoridades.
Casos en México y otros países han mostrado que los amparos pueden lograr suspensiones temporales, pero no siempre detienen las obras de manera definitiva. En Stuttgart 21, Alemania, las protestas y amparos retrasaron el proyecto durante años, pero el gobierno justificó su continuidad por la modernización del transporte ferroviario. En la autopista Westway de Nueva York, la oposición logró demoras en la construcción, pero no su cancelación.
En Zacatecas, la clave será si los opositores logran probar que la obra carece de permisos esenciales o que genera un daño irreparable. Si lo consiguen, los jueces podrían conceder una suspensión definitiva. Sin embargo, si el gobierno estatal presenta la documentación necesaria y argumenta un beneficio social mayor, la obra podría continuar, como ocurrió con la Supervía Poniente, el Tren Maya y la Línea 7 del Metrobús, donde los tribunales fallaron a favor de la continuidad de los proyectos al demostrarse su cumplimiento con requisitos legales y su impacto en la mayoría de la población.
