Hace unos días la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México informó que debido a la seria amenaza que representa el crimen organizado, diversas empresas mineras se han visto obligadas a transportar lo que extraen del subsuelo vía aérea. Aseguran que tanto el mineral como su personal corren riesgo de ser secuestrados, por lo que en 2013 invirtieron 41 millones de dólares para reforzar su seguridad, lo que representa un aumento de 14 por ciento con respecto del año anterior. Zacatecas, Durango, Coahuila y Michoacán son estados afectados por dicho fenómeno, de acuerdo a lo informado por dicha asociación, pero pese al revuelo que esta noticia ha generado el problema no es nuevo, pues al menos desde 2010 la Procuraduría General de la República ya contaba con datos precisos de los secuestros de camiones con concentrado de oro, plata, zinc y otros minerales por parte de grupos criminales en diversos puntos de la República Mexicana.
El manejo de este hecho noticioso ha tenido un sesgo hacia la victimización de las mineras, las cuales si bien pueden estar establecidas y operar de manera muy distinta al crimen organizado, no están exentas de responsabilidad en la descomposición social que presenta México por dos razones: la afectación ambiental y social que representan y (en algunos casos) sus propios vínculos con la delincuencia organizada.
El primero de estos hechos no es prioridad para este texto, pero conviene tenerlo presente por lo que representa para el país, y radica en la acumulación por desposesión que definiera el teórico David Harvey. Siguiendo este concepto es posible comprender el despojo masivo de bienes minerales que se inauguró con el ex presidente Carlos Salinas, siguió con Ernesto Zedillo y no fue modificado ni por Vicente Fox ni por Felipe Calderón. La corrupción política al más alto nivel, vigorizada por el modelo neoliberal vigente, convirtió a México en un paraíso fiscal y de explotación a bajo costo para mineras extranjeras, principalmente canadienses, las cuales se han enriquecido indiscriminadamente con mano de obra barata, normas ambientales que les permiten transferir a México los daños ambientales y una obligación mínima a contribuir al desarrollo de las zonas en que sobreexplotan mineral. Botones de muestra de esta dinámica son el calvario de decenas de familias en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, las cuales han sido desplazadas por Minera Frisco, del magnate Carlos Slim; la tentativa de las firmas Revolution Resources, First Majestic y Frisco de explotar mineral en la zona sagrada de Wirikuta, en Real de 14; la explotación sin permiso de empresas como Minera San Javier, en San Luis Potosí, o la irresponsabilidad de las autoridades de permitir los tajos a cielo abierto, los cuales comienzan a pulular en diversas zonas del país y representan un grave daño ambiental. El común denominador de estos ejemplos es la intención de acumular riqueza a toda costa, la complicidad de las autoridades y los daños ecológicos y sociales.
El segundo aspecto ha cobrado visibilidad en el marco de la emergencia de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, donde el cártel de los Caballeros Templarios ha concretado una exitosa red de explotación, traslado y exportación de hierro a China. Este negocio forma parte de los ingresos que los Templarios han recibido por años a partir de su control del puerto de Lázaro Cárdenas, de donde los cuerpos de seguridad nacionales, citados por In Sight Crime, calculan obtienen 970 millones de pesos anuales. Pero más allá de la exorbitante riqueza que los Templarios han estado generando, destacan las complicidades y sobornos que abarcan a transportistas, aduanas, autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las propias mineras para realizar estas operaciones. Ejemplo de ello es el acuerdo entre Minera del Norte y los Caballeros Templarios, los cuales cobraban 2 dólares por tonelada de mineral extraído en la región a cambio de “protección”. Ante la presión social hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto por la crisis que padece Michoacán, durante las últimas horas fue capturado Mario Ramón Cruz Martínez, alias El Ferrari, quien de acuerdo a las autoridades federales es el responsable de cobrar las cuotas a las mineras establecidas en la zona de Tierra Caliente, Michoacán. La aprehensión se suma al actual discurso de eficiencia por parte del gobierno para detener a las cabecillas templarias, pero sin duda ajusta más con las aprehensiones a modo que las autoridades han hecho en el marco de la “Guerra contra el narco” que a una efectiva detención de líderes de los cárteles mexicanos. Más aún, no se habla de deslindar responsabilidades sobre los nexos entre las empresas establecidas –incluidas las mineras- y la delincuencia organizada, ni siquiera en el marco de la reciente visita de Peña Nieto a Michoacán para anunciar la “reconstrucción social y el desarrollo” de ese estado con una inyección de 45 mil 500 millones de pesos que se supone abarcarán 250 acciones repartidas en los rubros de economía familiar y generación de empleos, educación y cultura, infraestructura moderna y vivienda digna, salud y Seguridad Social, y desarrollo social y sustentabilidad.
De este modo la tentativa gubernamental asemeja más un “mejoralito” que auténticas medidas de desarrollo, pues el gobierno no cuestiona el papel de empresas nacionales y extranjeras que se guían sólo por la maximización de la ganancia, lo que en no pocas ocasiones las lleva a coludirse con estos grupos criminales. El problema en Michoacán es complejo, pero lo es más si se considera que está enraizado en otras partes del país; el caso de las empresas JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión, en Coahuila, es reflejo de ello. Las tres empresas son investigadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por generar en conjunto con los Zetas más de 6 millones de pesos cada semana a partir de la minería ilegal, y es previsible que este sea sólo uno de varios casos vigentes. Lo cierto es que si bien la hiperviolencia que se desprende del modus operandi de la delincuencia organizada es un aspecto muy llamativo, en no pocas ocasiones es sólo parte de un problema de fondo que se relaciona con la corrupción de las autoridades y la explotación indiscriminada de recursos naturales y humanos por parte de múltiples empresas. ■
