Asunción. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció ayer en medio de una tormenta política y financiera tras el colapso de uno de los bancos más importantes del país; sin embargo, el Congreso decidió seguir adelante con su juicio político sin aceptar la dimisión, lo que hubiera garantizado su fuero constitucional, mientras miles de personas salieron a las calles a protestar por tercera jornada consecutiva.
Peña anunció en la mañana que dejaba la presidencia tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital de la que fue accionista, que administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a 3 millones de clientes sin acceso a sus cuentas; se trata de casi la mitad de la población del país.
La decisión legislativa de no aceptar la dimisión hace que, técnicamente, siga al mando del país hasta que el juicio político concluya.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, anunció Peña en un mensaje grabado que publicó en X.
Dimitió mientras la Cámara de Diputados debatía el inicio de un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de los principales líderes de su Partido Colorado, que se pronunciaron a favor de la destitución.
La Cámara baja aprobó el procedimiento de juicio y lo remitió al Senado.
La Constitución establece que los ex presidentes se conviertan en senadores vitalicios –con la inmunidad que conlleva el cargo– a menos que sean destituidos mediante un juicio político.
El Congreso reunió a sus dos Cámaras para tratar la renuncia, pero la sesión se levantó por falta de quorum; los diputados ya había aprobado por unanimidad el texto acusatorio contra Peña, por lo que el juicio político prosiguió.
Los legisladores acusaron al mandatario de mal desempeño de funciones por la forma en que manejó la caída del banco y que incurrió en conflicto de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y encubrimiento institucional del Banco Central.
El presidente aseguró que enfrentará el proceso y ejercerá su derecho a la defensa, “aun cuando ya hayan adelantado su decisión”.
El titular del Senado, Basilio Núñez, confirmó que el tribunal juzgador de esa Cámara recibió formalmente las acusaciones de los diputados y convocó a una sesión extraordinaria para continuar este viernes con el enjuiciamiento. El mandatario fue citado para comparecer hoy ante el pleno para presentar sus alegatos, con esa disposición la sede dio por culminada la primera sesión del procedimiento.
“El presidente tiene un crecimiento patrimonial difícil de justificar (…) hoy Peña se tiene que ir y no a su casa, sino a Tacumbú (la principal cárcel del país)”, declaró en la sesión el diputado opositor Raúl Benítez.
Peña fue accionista del grupo que controlaba Ueno hasta 2025.
El fiscal, Emiliano Rolón Fernández, ordenó tres investigaciones penales por la crisis bancaria, que incluyen denuncias que involucran al mandatario y a otros funcionarios.
Las pesquisas examinarán la supervisión que las autoridades ejercieron sobre la entidad, la gestión de su quiebra y la colocación de fondos públicos en esa entidad financiera, reveló el escrito del fiscal al que tuvo acceso The Associated Press.
Un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y corrupción investigará las denuncias presentadas por legisladores y por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, agregó la fiscalía.
La crisis en Ueno Bank provocó que la propia fuerza política de Peña, el Partido Colorado, se volviera en su contra, en un giro sorprendente para el ex economista del Fondo Monetario Internacional, quien hasta hace poco contaba con el respaldo de los políticos más influyentes de su país y que, hace apenas unas semanas, fue recibido en Washington como un aliado clave de la administración de Donald Trump, tras incorporar al país al Escudo de las Américas.
Incluso su mentor, líder del partido y ex presidente Horacio Cartes (2013-2018), apoyó el proceso de juicio político y afirmó que el movimiento no respaldaría el “saqueo” de fondos públicos y privados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cartes en 2023 por acusaciones de soborno, sanciones que fueron levantadas por el gobierno de Trump el año pasado.
Además de su relación con Trump, Peña se mantuvo cercano a polémicos personas políticos como el primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanuyahu, con quien se reunió en septiembre en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
También mantuvo en su entorno político a personas ligadas con el consultor ultraderechista Fernando Cerimedo, Andrés Andy Rivas, figura ligada al Partido Colorado desde 2017 y cercanía con sectores del oficialismo paraguayo. Ueno Bank fue patrocinador de eventos internacionales, como la Hispanic Prosperity Gala, en Estados Unidos, donde se reconoció a Cerimedo.
El Ueno Bank financió además eventos de la ultraderechista Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)
Peña, quien hasta el año pasado poseía participación en una empresa vinculada a Ueno Bank, evitó asumir la responsabilidad por la crisis que dejó a millones de cuentahabientes, jubilados y trabajadores en una situación desesperada, que tratan de recuperar sus ahorros bloqueados y sus salarios atrasados.
“Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, se justificó Peña en su mensaje de renuncia.
Tercer día de protestas
Miles de personas protestaron por tercera noche consecutiva en Asunción y otras ciudades. Los manifestantes reclaman poder retirar su dinero tras el colapso de la entidad y el “corralito” impuesto a su dinero.
“Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, denunció un manifestante, que marchó hacia el Congreso. “Estamos hartos de 70 años de saqueo”, enfatizó.
“Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”, señaló un estudiante de 21 años durante una protesta en Asunción.
Pancartas caseras mostraban consignas como “robar es delito sólo para los pobres” y “no me sirve tu renuncia, devuelve la plata de tu bolsillo”.
Cerca de 5 mil manifestantes se apostaron a las afueras de Congreso en apoyo al juicio, de acuerdo con estimaciones de la policía. En algunas zonas, la protesta se mantuvo pacífica, mientras en otras hubo tensión y forcejeos con los agentes que custodian el recinto parlamentario.
Al cierre de esta edición, el ministro del Interior, Enrique Riera, renunció, informó ABC. Carlos Benítez fue designado titular interino de la cartera.
