Nunca se había considerado a una persona que trabaja realizando trabajo doméstico como ‘trabajador(a)’ en todo el sentido de la palabra, como un obrero en una fábrica, un empleado de mostrador o un albañil. Parecía sólo un trabajo de apoyo, el cual no se hacía acreedor a seguridad social o a un contrato escrito. Es un trabajo con salarios muy bajos y sin derechos sociales. De tal manera que las señoras (porque la inmensa mayoría de quienes lo ejercen son mujeres con un promedio de 40 años de edad) después de trabajar por lustros o décadas se quedan sin nada. Es más: si hay un día que no pueden trabajar por estar enfermo, simplemente no lo cobran. Es un trabajo a destajo: día trabajado-día pagado.
Ahora bien, ¿el trabajo doméstico no produce riqueza? Directamente no, pero indirectamente sí. El así llamado ‘quehacer’ libera de tiempo a los miembros del hogar, y por ello pueden dedicarse a otras actividades más lucrativas. Por tanto, en sentido económico con el tiempo liberado se produce riqueza, y quien liberó ese tiempo fue el o la trabajadora doméstica. Entonces no le hace ningún favor a esas personas al reconocerles sus derechos sociales, es un derecho que tienen bien ganado.
Un derecho que fue producto de la lucha de algunas trabajadoras domésticas que llevaron su caso hasta la Suprema Corte, y ésta dictaminó que el hecho de que dichas trabajadoras estuvieran en el régimen voluntario del IMSS era discriminatorio, y por ello ordena al instituto crear un programa piloto de afiliación para, gradualmente, incorporarlas al sistema obligatorio. Y una vez que estuviera completo el piloto debe extender el derecho a todas las personas que ejercen trabajo doméstico a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica; incapacidades; pensión por invalidez y vida; fondo para el retiro; y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.
Reconocer este derecho representa un gran avance social, y lo ha hecho posible la propia lucha de las trabajadoras organizadas. Sin embargo, no se ha publicado qué ha ocurrido con el piloto y las múltiples dificultades que había al inicio del intento: las personas que trabajan para varios patrones, cómo hacer para integrar el derecho en esos casos; qué hacer con los que tienen salarios muy bajos para completar su cuota mensual. Y así: decenas de problemas para operar con eficacia la incorporación. Por tanto, la cifra contundente es que sólo 3 de cada mil trabajadoras del hogar se han incorporado al IMSS. Y hay más de 2 millones de trabajadoras (es) domésticas en el país. Pero sin duda, el objetivo de esta medida es muy importante y cubre a un amplio sector de la población que está en la total intemperie, sin protección social alguna. Los ciudadanos debemos observar que se cumpla la sentencia de la Corte y revisar los resultados de la prueba piloto que permita pasar a tener un programa permanente y universal. El éxito de este esfuerzo puede marcar la diferencia para más de 2 millones de familias mexicanas. La justicia hace siempre un mejor país.
