Al término de su última visita de las que acostumbra hacer a las diferentes escuelas los lunes, el secretario Aurelio Nuño tras declarar por enésima vez que ahora si la SEP presentará los programas de estudio de educación básica, abordó el caso de los maestros a los que se ha dado de baja del servicio por el motivo de no haber cumplido satisfactoriamente con la evaluación que por ley deben acreditar. Al respecto mencionó que aquellos maestros que no se evaluaron (y que así lo deseen, desde luego), podrían reingresar al servicio como nuevos trabajadores. De ser así volverían a empezar como maestros de banquillo partiendo de cero en sus derechos escalafonarios y de antigüedad, pero además normados por la nueva normatividad. ¿Cómo ocurriría esto? Acatando futuras convocatorias y acudiendo a concursar nuevamente para aprobar el examen de ingreso al servicio resultando idóneo y ahora si, como bisoños egresados de las Normales o esperanzados licenciados formados en universidades que buscan anhelantemente tener un empleo volver a ser profesores. De eta forma, y solo así volverían a las aulas para acompañar a los grupos de alumnos en su aprendizaje.
La nueva Ley establece en lo relacionado con la permanencia en el servicio que la evaluación es obligatoria. Los cesados a los que se brinda la oportunidad de reincorporarse con la condición de aprobar el examen de ingreso ni siquiera se les puede calificar con nivel de desempeño insuficiente puesto que no acudieron a evaluarse y ni siquiera dieron pie a que la autoridad diera por terminado los efectos de su nombramiento después de uno aprobar en una segunda y tercera oportunidades al no evaluarse en ninguna empezando por la primera. Aquellos que se estar evaluando para vuelvan a resultar insuficientes en la tercera evaluación, la categoría laboral que venían desempeñando expira “sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda” (Art. 53 de la LSPD). El octavo transitorio ratifica esto y va más allá, habla de separar del servicio público a quienes no se sujeten a los procesos de evaluación.
¿Y los años de servicio prestados a la docencia, las cuotas de seguridad descontadas para efectos de cobrar una pensión jubilatoria, los ascensos y categorías laborales ganadas con méritos profesionales donde queden? ¿Ninguna indemnización merecen quienes han sido separados? Es que todo lo ganado se fue al Diablo o se lo llevó el carajo? Por supuesto que no es justo. Ni que los corran y menos que los despidan sin darles nada. Aunque la ley es la ley y aunque en este país se aplica discrecionalmente a quienes conviene y en las situaciones que conviene, no deja de tener un contenido frío. Qué queda por hacer. Sólo tumbar la ley anti laboral negadora de los derechos de los trabajadores y por lo tanto punitiva, a partir de un consenso entre maestros, padres de familia y sociedad en general y el fortalecimiento de un movimiento social que busque abrogarla empezando por denunciar y desenmascarar sus orígenes y propósitos que no son otros que los intereses del modelo neoliberal y quienes de él se benefician. El problema del presente está en que según las encuestas la opinión mayoritaria, amplios sectores sociales apoyan y están a favor de la Reforma. De hecho es la única de las llamadas reformas estructurales de la actual administración sobre la que cifran esperanzas.
Hasta ahora la reforma educativa del peñato se ha expresado como una reforma laboral. Este es el signo por el que más se le cuestiona por parte de los profesores que han salido a la calle a rechazarla y especialistas en educación. Aunque el sello punitivo no desaparecerá mientras no sea sustituida por otra distinta, no nos queda más que esperar los términos que tendrán la orientación de los nuevos planes y programas de educación básica. ■
