■ Categoría de Reserva de la Biósfera para semidesierto no afecta extracción: académico
■ El ecologismo oficial da “apenas un pasito” ante un tema estratégico para la sociedad, señala
La propuesta de declaratoria de reserva de la biósfera para casi la tercera parte del territorio zacatecano ubicado en su zona norte, no afectaría en absoluto ni los proyectos ni las inversiones mineras.
Los empresarios mineros y algunos representantes de la iniciativa privada local de este ramo, han tenido ante esta posibilidad una “reacción extrema, desproporcionada y con pobre responsabilidad social”, dijo el docente e investigador de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Arturo Burnes.
Su rechazo a esta iniciativa exhibe una política “del todo o nada” y tendría detrás, quizás la pretensión de una negociación de los términos finales de la declaratoria, circunstancia que no conviene al estado ante la actual incertidumbre que viven México y Zacatecas, expuso el especialista en temas de minería.
El catedrático agregó que el territorio zacatecano y la promoción de su uso sostenible vista desde la perspectiva del “ecologismo oficial”, del que apuntó, no va a las causas profundas de la polución, es sin embargo, “por lo menos un pasito”, ante un tema clave y estratégico para la sociedad zacatecana.
El asunto es interesante expuso, porque pone sobre la mesa los elementos de la apropiación del territorio zacatecano, en este caso, correspondiente a cinco municipios: Melchor Ocampo, El Salvador, Mazapil, Concepción del Oro y Miguel Auza, que según los indicadores económicos y sociales “están a la cola” de Zacatecas. Por lo que planteó esto como una primera paradoja.
En su opinión, lo decisivo es que se está dando ya la discusión sobre el desarrollo sostenible y sustentable del estado, al que habría que agregarle otro aspecto, su concreción “con equidad”.
Para que esto sea posible añadió, tanto el gobierno como las empresas y la sociedad civil deben atender simultáneamente los ámbitos social, económico, ecológico, espacial y cultural.
“Y ahí es donde está la limitación del ecologismo oficial”, expuso, porque lo anteriormente propuesto, plantea una visión de largo plazo y no la tónica actual, de acudir a una urgencia inmediatista de atraer capitales y generar empleos, expuso.
Siempre que se hace defensa de la minería, se señala que “dinamiza la economía, genera empleos, atrae capital, etcétera”. Pero preguntó “¿luego del agotamiento qué?”.
Y recordó que el extractivismo minero tiene en promedio una vida por proyecto de 19 años, que cada vez se acorta más, derivado de las tecnologías de explotación actuales.
En conclusión, añadió, hay que darle la bienvenida a la acción reguladora que pretende el Estado a través de la delegación de la Semarnat en Zacatecas y que el propio secretario general de Gobierno del estado precisó el pasado primero de julio, al expresar que “declarar zona protegida al semidesierto zacatecano ordenaría más la actividad minera y se garantizaría un mayor cuidado y trato al medio ambiente”.
“Lo dicho por Escobedo Villegas pareciera que “no proviene de un ámbito de gobierno, sin embargo, es así. Los empresarios en cambio, van más allá, ellos no quieren ninguna regulación”, agregó.
El tema central expuso, es que cada vez más la sociedad se convence de la relevancia de la necesidad de una ocupación ordenada del territorio como garantía del uso adecuado y sostenido de sus recursos, “que recuérdese, son no renovables”, subrayó. Lo que implica su planeación.
En el contexto de países del primer mundo o una sociedad socialista, esa planeación de toda actividad económica, incluida la minera, sería “lo más rigurosa posible”, pero este no es el caso, dijo.
En Europa, Canadá, Estados Unidos y los países asiáticos, en ese orden, se proponen planes de corrección y remediación ambiental desde el mismo momento de la exploración, fase inicial de un proyecto minero. Y se cumplen “irrestrictamente”, precisó.
Añadió que 30 por ciento del costo total del proceso productivo se invierte en este tipo de medidas, que ejemplificó en el caso del control de emisiones. Mientras que en Zacatecas la cifra no llega más que a 0.5 por ciento.
En el caso de Met Mex Peñoles, que se ubica en Torreón, Coahuila, y es “la mayor minera siderúrgica de toda América Latina”, el rango de estas inversiones oscila entre 1.5 a 2 por ciento. Y es el mayor que una empresa extractiva destina a este propósito, ofreció como un dato comparativo del ámbito nacional, que además refirió, deriva de la intervención del entonces secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, quien “disciplinó a la minera”.
El funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo, primero “cerró la cuarta parte, luego la mitad, e iba a cerrar toda la planta hasta que finalmente Peñoles, el dueño de la empresa”, invirtió en medidas antipolución.
Aclaró no se puede estar en contra de la minería, pues mediante esta actividad, “se produce la materia prima, los materiales necesarios para la producción, para la ciencia y la tecnología. Es una parte del desarrollo de las fuerzas productivas muy importante”.
Ante lo que debe haber oposición es hacia los “proyectos que atentan contra la gente y su entorno, es decir, aquellos que privatizan los beneficios y socializan los costos”.
El sustento de sus afirmaciones acerca de que la minería en Zacatecas y, por ende, los empresarios que invierten en ella no se verían afectados por la declaratoria como reserva de la biosfera de parte del territorio del estado, se encuentra, entre otros argumentos legales, en lo que define la Ley Minera, que señala a la actividad en su artículo sexto como “de utilidad pública”, aun cuando no lo es, dijo, y la propone como “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.
El ecologismo oficial, precisó en torno a los efectos de esta iniciativa, “está lleno de buenas intenciones”, que incluyen “ponerle precio” a un daño ya hecho, cosa que no atiende a las causas profundas de la destrucción del medio ambiente, las cuales situó el investigador en “el uso capitalista del recurso productivo”.
Por esta razón precisó, “siempre se ven limitadas las propuestas de tipo oficial” a pesar de tener “esa arma formidable que es la Constitución Política (de los Estados Unidos Mexicanos), la Ley Minera y lo que se refiere a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”, esta última para entre otros temas, atender asuntos fundamentales de la actividad como el control de descargas de aguas residuales, la contaminación ambiental y los depósitos de residuos peligrosos, en este caso los jales.
El ordenamiento territorial y la protección al medio ambiente están íntimamente ligados, subraya, también para el punto de vista del “ecologismo oficial (…) no se puede conservar el ambiente sin una adecuada planificación del territorio, y no se puede ordenar el territorio sin la incorporación de una variable fundamental que es la ambiental”.
“Por eso para mí la Semarnat da un pasito adelante para ese ordenamiento y tiene un arma poderosa: la Constitución Política y el interés general de la población por encima de los intereses particulares o el lucro privado”.
