■ Perspectiva Crítica Polémica sobre el aborto, mucho más que la confrontación de dos posiciones

El tema del aborto ha demostrado ser sumamente sensible a la polémica, y el espectro de debate en torno a éste va desde las posiciones racionales, hasta las manifestaciones radicales o perniciosas, por lo que prácticamente todos los argumentos han sido invocados: desde los religiosos hasta los científicos, los del libre albedrío y las restricciones moralinas, los establecidos legalmente y los más incipientes, los tradicionalistas y los vanguardistas.
Pero más allá de esa maraña de posiciones, hoy día es preciso hacer hincapié en posiciones y fenómenos que implican retrocesos legales; estigmatizan e incluso criminalizan a la mujer, y dan cuenta de grupos que usan la “defensa de la vida” como fachada.
El primero de esos fenómenos es el que a nivel México se ha generado en el marco de la alternancia en el gobierno federal, y está representado por figuras políticas. Tradicionalmente el Partido Acción Nacional (PAN) ha asumido una postura conservadora y alineada a preceptos religiosos sobre el aborto, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha plegado a esa misma posición salvo cuando sus intereses políticos –no ideológicos- lo han llevado a lucrar políticamente con el tema. Ahí no hay novedad, pero donde sí la hay es con los partidos de izquierda, en particular Morena, que es el que encabeza una posición más liberal.
Es preciso señalar que los contrapesos en un tema tan relevante y vigente son necesarios, incluso sanos, pero lo que contrasta con esa posición liberal no proviene del exterior de Morena, sino del interior: su diputada Lilli Téllez señaló recientemente su desacuerdo con el aborto, posición que la diputada tendría todo el derecho de asumir si no fuera por su pobre nivel de argumentación, así como por su uso de términos tendenciosos.
La legisladora aseveró que una mujer que aborta es una criminal, y definió el aborto como un asesinato que debe castigarse. Eso no es un “resbalón” semántico, es una imprudencia que soslaya antecedentes como el de que desde 2011, la ONU advirtiera que México ya figuraba para ese año a nivel mundial como el primer sitio en agresiones sexuales a mujeres, o el que la Secretaría de Salud confirmara que para ese entonces ya se cometían 120 mil violaciones por año, es decir, una cada cuatro minutos.
Si la diputada ignora el pasado reciente, al menos debería conocer la realidad inmediata que refleja que el grueso de las mujeres encarceladas en México por abortar corresponde a indígenas, mujeres provenientes de espacios rurales o que padecen condiciones de pobreza, lo que ha sido documentado por más de ocho años por organismos como el Centro Las Libres. En las grandes urbes la situación no es mucho mejor: según el “Reporte Anual 2018 de Incidencia delictiva en Ciudad de México”, en CDMX las violaciones aumentaron, en 2018, hasta 124.2 por ciento con respecto a 2017, lo que se complejiza por los incrementos en los niveles de feminicidios que se han expandido desde el Estado de México, particularmente durante el gobierno de Eruviel Ávila.
Posiciones como la de Lilli Téllez se suman a dichos como los del diputado de Morena en Puebla, Héctor Alonso Granados, quien manifestó que las mujeres deben “pensar antes de abrir las piernas”. Es de reconocer el actuar de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la cual ya ordenó la destitución del diputado; no obstante, es preciso también hacer la observación de que se requiere actuar no sólo en contra de quienes hagan comentarios ofensivos o misóginos, sino contra quienes asumen posiciones que denotan ignorancia, irresponsabilidad o prejuicios.
El fenómeno no es exclusivo de México, sino que alcanza naciones como nuestra vecina del norte, donde en ocho estados ya se aprobaron leyes que prohíben al aborto, incluso en casos de violación o incesto. Ello representa un retroceso para batallas ganadas como en el caso “Roe vs Wade”, acontecido en EU durante la década de los setentas, pero también es reflejo de la inercia ultraconservadora e intolerante que ha alentado Donald Trump, particularmente en estados del sur de ese país. Al igual que en México, son las mujeres en condiciones vulnerables las que van a resentir esas disposiciones legales de forma más cruda en caso de que alcancen carácter federal.
El último fenómeno a mencionar es el más oscuro, y está representado por los llamados “Grupos pro vida” que han montado una ofensiva permanente en contra de quienes argumentan a favor del aborto. Dichos grupos emplean una retórica maniquea y que simplifica de forma peligrosa el tema del aborto, además de que mantienen ligaduras con El Yunque, organismo de extrema derecha vinculado a la iglesia católica y dedicado a acotar propuestas como las del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y en suma cualquier propuesta o inclinación que transgreda los linderos moralinos del catolicismo.
Pese a que Acción Nacional ha perdido progresivamente fuerza política, estos grupos se mantienen vigentes gracias a los millonarios donativos que reciben, así como al mañoso movimiento de darse de alta como Asociaciones Civiles y grupos “sin fines de lucro”. Es seguro que los grupos “Pro vida” estarán presentes de una forma u otra en los debates y disposiciones que sobre el aborto se hagan en México, y ello representa una seria amenaza en tanto actúan desde la sombra, bajo una agenda propia y ajena a la libertad de preferencia sexual o libre decisión sobre el cuerpo. ■