Este domingo concluirá el proceso electoral con el que el sistema gobernante busca encubrir los grandes problemas del país, recuperar la credibilidad perdida y allanar el camino de las contra reformas estructurales.
No le será fácil. La crisis, la violencia, la militarización generalizada, las desapariciones forzosas, el narcotráfico infiltrado en el proceso y los partidos, los escándalos de corrupción, el asesinato de aspirantes, las autoridades electorales ineficaces y corruptas, así como las renuncias a partidos y a postulaciones, etc., ponen en entredicho la viabilidad del proceso.
No solo los padres de los 43 normalistas desaparecidos protestan contra el sistema vigente y las elecciones; miles de maestros, trabajadores, ciudadanos y decenas de organizaciones sindicales y políticas en diversos estados del país, se les han unido rechazando las contra reformas estructurales al mismo tiempo que desarrollando acciones para obstaculizar o boicotear los comicios al grado de impedirlos.
Por otra parte, un gran número de votantes dice no verse representado por ninguno de los partidos contendientes. Esto, aunado a que la “izquierda electoral” –que claudicó con la firma del Pacto por México y que traicionó a su base natural de electores– hace tiempo que hizo un claro “extrañamiento” al concepto de las clases sociales, para buscar una aprobación electoral “más amplia” mediante el discurso abstracto de la “ciudadanía” y del “pueblo” en general.
Por diversas razones, los que hoy participan “entusiastamente” en los comicios, no vieron o no quisieron ver que el movimiento solidario con Ayotzinapa y las contra-reformas estructurales aprobadas, detonaron una crisis política de falta de legitimidad del régimen y, en especial, de sus instituciones político electorales, legislativas y de seguridad. No advirtieron que el elemento central con que cuenta el régimen para intentar reestabilizar la situación política y recuperar legitimidad, es, precisamente, el proceso electoral en curso, por lo que su aspiración es la de convencer y llevar el descontento y la protesta social, al terreno de las instituciones; a que la gente exprese su descontento votando por cualquiera de los partidos con la prioridad de mantener a flote el sistema de dominación. La pretensión del régimen es la de descarrilar la movilización que demanda en las calles la presentación con vida de los 43 y que señala al régimen de Peña, al Estado mexicano y al ejército, como responsables de la situación actual y de crímenes de lesa humanidad.
Es por eso que en las actuales condiciones, la campaña electoral sirve objetivamente a los intentos del régimen por esconder esta crisis. En contraparte, los sectores más conscientes de la sociedad, están decididos a hacer el vacío, no asistiendo a votar o, como estamos presenciando ya, a promover el boicot electoral.
Estas medidas marcan una seria diferencia con años anteriores. Hoy son grupos organizados los que suscitan el boicot y que tienen muy en claro que el presentarse a las casillas a anular su voto, solo daría al sistema elementos para ser contabilizados como “participantes”, contribuyendo a la versión del “se venció el abstencionismo” o, si se prefiere, ésa de “un ligero abstencionismo”.
Junto a otras organizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabeza el rechazo puesto en marcha en 11 entidades. El primero de junio, inició un paro indefinido de labores en los estados donde tiene mayor representatividad y, en 20 estados de la República ––Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, Baja California, Jalisco, la región Tampico-Durango, Zacatecas, Veracruz y Sonora, etc.– se participa con diferentes acciones según las condiciones de cada lugar: Mítines, marchas, quema de boletas, bloqueo de carreteras, tomas de las sedes del INE, de gasolineras…La fuerza pública (militares y marinos) se mantiene al acecho…
Por todo, las elecciones intermedias de junio, deben ser analizadas en su contexto; éstas se desarrollan en medio de una crisis que no termina de cerrar y en la que amplias zonas del país -como se sabe- no existe un marco de estabilidad político-social mínima para que se desarrollen libre y concurridamente. El abstencionismo arrastrado por años, se prevé de proporciones históricas; los miles de millones de pesos invertidos para la organización electoral, acentuarán las dificultades del país que serán heredadas a los pueblos y a las “nuevas autoridades electas”.
Por último. No es de compartirse la postura de quienes “por principio” –siempre y en todo momento– se oponen a cualquier proceso electoral sin analizar la situación concreta, particular. En otros países, hoy las elecciones suelen ser espacios de agitación y reorganización social que abren importantes procesos de politización y organización social desde las bases y los movimientos. Pero, por desgracia, México no es Grecia o el Estado Español. Cualquier paralelismo entre las alternativas electorales que levantan cabeza en otras latitudes (Syriza o Podemos) con –por ejemplo Morena– no es sino una desafortunada comparación descontextualizada.
Circunstancia muy distinta, será cuando las organizaciones sociales y políticas –independientes y de izquierda– logren construir su propio instrumento político de clase, no solo para participar electoralmente, sino para disputar el poder de la República. ■
Fuente: www.prt.org.mx / G. Almeyra / La Jornada
