■ Exigen mejoras laborales y que se les permita formar un sindicato
■ Están inmersos en una polémica tras denunciar irregularidades dentro de la agrupación
■ Afirman que las quejas no son “de un día para otro”, datan desde 2015 y tienen documentos que lo respaldan
“No es un capricho ni somos 15”, así lo aseguraron miembros de la Banda Sinfónica del Estado, que se encuentran inmersos en una polémica tras denunciar irregularidades dentro de la institución, que tuvieron como consecuencia una manifestación y repetidas peticiones a las autoridades para un proceso de sindicalización.
La queja, aseguran, no es “de un día para otro”, como lo señalaron las autoridades, sino que es algo que se viene pidiendo desde hace años; esto lo respalda una compilación de documentos que datan de 2015, cuando las primeras peticiones formales fueron realizadas.
Tras la nula respuesta a las peticiones, el asunto se llevó a Secretaría de Administración, que en ese entonces estaba a cargo de Le Roy Barragán Ocampo; posteriormente también se puso al tanto de la situación a Fernando Enrique Soto Acosta y Jorge Luis Pedroza Ochoa, quienes ocuparan el mismo cargo, y ahora a Víctor Rentería, titular actual de la secretaría, y al gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Desde entonces se han hecho promesas que no se llevan a cabo, como ascensos y aumentos de sueldo, por ello la situación “llegó a un punto insostenible”, según los músicos inconformes, de ahí su manifestación pública.
Pretenden obtener los derechos que por ley deberían recibir en cuanto a prestaciones, beneficios y viáticos, pues esto no se respeta en la institución.
Aunque los inconformes son funcionarios públicos de base, alegan estar velando por los derechos de los integrantes de la banda más jóvenes, pues si los derechos no están siendo respetados a miembros antiguos, es menos probable que se haga con los de reciente ingreso.
Denunciaron que una familia es la que maneja la banda, la misma a la que pertenece el actual director, Salvador García y Ortega —de quien además se sospecha mal manejo de recursos—, y son ellos los que deciden la posición de los demás, de manera arbitraria.
Acusaron a los miembros directivos de una carencia de equidad en la institución, principalmente en el consejo, donde cuatro de los miembros son familiares. Además, declararon que hay diversos tipos de acoso, tanto laboral como sexual, que ha resultado en denuncias, despidos y renuncias de aproximadamente 7 personas en los últimos 10 años.
Aunado a esto está la denuncia de que, aunque se trata de la única banda de música con su propia escuela, las aulas de la misma están cerradas, resguardando instrumentos sin tocar, y las clases terminan impartiéndose en otros espacios. También se trata de una Banda Sinfónica reconocida a nivel nacional, y aun así las instalaciones donde se desempeñan son deplorables.
En lo referente a los becarios cesados, aseguraron que abogar por esos 9 fue debido a su calidad en el trabajo, no por sus relaciones familiares, y aunque así lo fuera, la aplicación de liquidar labores con familiares debería aplicar a directivos y empleados por igual, pues aún hay 12 becarios activos que son familiares de directivos.
Afirmaron no estar en contra del lineamiento implementado desde octubre, al contrario, lo que buscan es que se aplique de manera igualitaria, y si los de abajo no pueden tener familiares dentro de la banda, que tampoco los directivos sean permitidos de tal hecho.
El tema de la sindicalización, aunque limitara las posibilidades de crecimiento de los empleados, sería un respaldo para hacer cumplir los derechos de los mismos, y sería una adjunción libre. La iniciativa ya fue aprobada por el gobernador, por lo que ahora esperan que el secretario Rentería lo haga cumplir, así como los demás puntos del lineamiento y los derechos laborales.
Por último, aseguraron que no es una cuestión de dinero, sino de dignificar su trabajo y mejorar una institución que les importa y quieren ver crecer.
Según lo que reportan las autoridades, hay 89 músicos en funciones, más los becarios, con lo que suman más de 100, y con personal administrativo sube el número a 120, aunque “hay personal que cobra, pero no hace ningún tipo de labor en la institución”, advirtieron.
