Las conmemoraciones son, como los lugares, como los objetos, artefactos de la memoria colectiva. Cambiar las celebraciones, si caen de martes a domingo, al lunes anterior para tener un puente vacacional, ha contribuido a que olvidemos lo más importante: el acontecimiento que ameritó la celebración. Así, el lunes 3 de febrero no habrá faltado el despistado que preguntó en broma (¡espero!) si el feriado se debía al Súper Tazón que tuvo lugar el domingo.
De poco nos serviría el optimismo de suponer que la mayoría recordó que el descanso obligatorio se debió a la conmemoración del 5 de febrero de 1917, fecha en que se promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de poco serviría porque poco queda de ella y de su espíritu. Veamos unos cuantos ejemplos:
El artículo 3 constitucional, que establece el derecho a una educación, gratuita, laica, y de calidad, se limita a la secundaria; después de eso la educación es un lujo, un asunto superfluo e innecesario para los técnicos y la mano de obra barata que se requieren para las maquiladoras y minas. Sobra también la filosofía, la literatura, la ética o el civismo, todo eso que no hace más que sembrar dudas y reniegos en los autómatas del mañana.
Por otro lado, el artículo 27 que establecía como propiedad de la nación las tierras y aguas, el petróleo y los minerales que se encuentren en nuestro territorio, es hoy prácticamente letra muerta. Las tierras agrícolas garantes de nuestra soberanía alimentaria en otros tiempos son hoy espacios de resort o campos mineros gracias a las reformas promovidas por Salinas de Gortari.
Recientemente perdimos potestad sobre los litorales, que ya pueden estar en manos extranjeras gracias a los servicios y gestiones de Manlio Fabio Beltrones; los minerales son extraídos sin mayor trámite por empresas canadienses a cambio de unos arbolitos y limosnas para las escuelas inauguradas como si fueran obras públicas por los gobernantes mexicanos. Y ni qué decir del petróleo, la última batalla que todavía se lucha en la conciencia colectiva, a quien se intenta convencer de las bondades de la Reforma Energética con spots en radio y televisión.
Otro artículo emblemático, de esos que aprendíamos en la primaria, era el 123, que establecía los derechos de los trabajadores tanto privados como públicos, al “trabajo digno y socialmente útil” para lo cual se promovería “la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
El artículo también establecía que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”; en los últimos treinta años éstos han perdido 80% de su poder adquisitivo sin que nadie haya llegado a la cárcel por ello. Asimismo aproximadamente 63% de los trabajadores no cuenta con seguridad social, 40% no recibe siquiera aguinaldo, las mujeres ganan menos que los hombres aun cuando realizan el mismo trabajo, y los salarios este año, en vez de aumentar, decrecieron gracias al pago del impuesto sobre la renta.
A ello hay que agregar la subcontratación que evade el reparto de utilidades, los mil 500 pesos semanales que pagan a los mineros que laboran para el hombre más rico del mundo, los exámenes de ingravidez obligatorios en las grandes empresas, o los contratos ¡hasta en el sector público!, de 5 meses y medio renovados durante años para impedir que el trabajador genere antigüedad.
Hoy la ley es el argumento principal de quienes se enojan porque una manifestación viole su derecho al libre tránsito (pocas veces muestran la misma intolerancia con una peregrinación), y también el de los que llaman al desarme de los grupos de autodefensas.
La justicia, por otro lado, es el emblema de quienes a veces por la vía pacífica, y cada vez más, por otras opciones, luchan por cambiar el estado actual de las cosas.
Como Javert y Jean Valjean, los entrañables personajes de Víctor Hugo en Los Miserables, ley y justicia parecen antagónicos, lejano uno del otro como si de antónimos se trataran.
Quizá buscando la reconciliación entre ambos conceptos y procurando remediar esta situación un grupo de intelectuales entre los que están John Ackerman, Fabrizio Mejía, Hugo Aboites, Epigmenio Ibarra, Sanjuana Martínez, Elena Poniatowska, Lydia Cacho, Jaime Cárdenas, Miguel Concha, Paco IgnaicoTaibo II, Raúl Vera, Enrique Dussel, etc. convocaron a la realización, hoy, de un Congreso Popular. Un ejercicio interesante que habrá que seguir, y un intento más de reconciliar lo que siempre debió estar de la mano: justicia y ley, y que a 97 años de la promulgación de la constitución parece más difícil que nunca. ■
@luciamedinas
