Con plena convicción democrática y espíritu plural, derivado del reconocimiento de las diversas concepciones que sobre el desarrollo universitario existían en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Congreso General Universitario acordó (y así lo asumió el H. Consejo Universitario), que en la integración de la Administración Central se observara la pluralidad de expresiones que hacían vida universitaria. La idea fue establecer un razonable equilibrio entre el Consejo Universitario y la función del Rector, para que no fuera este último quien tomara las decisiones fundamentales por encima de esta máxima instancia.
A casi dos periodos de la puesta en práctica del modelo de integración y funcionamiento administrativo. El resultado en los hechos era evidente, el modelo había fracasado, su aplicación cotidiana limitaba, obstruía y pervertía no sólo principios elementales de cualquier estructura administrativa, sino los principios de la democracia y pluralidad que le habían dado origen. Atajar dicho modelo de integración era urgente, de no detenerlo abruptamente, comenzaría a afectar la vida académica con consecuencias impredecibles.
Surgió la pregunta ¿Qué mantener y qué desechar? Una posición planteaba que había que limpiar el camino para el proyecto universitario que cada cuatro años avalaba la comunidad, con un Rector al frente para que lo llevara a la realidad. Mantener una forma de gobierno donde estudiante, profesores y trabajadores decidieran de manera directa y con voto ponderado por sector, la elección de sus autoridades: H. Consejo Universitario, Rector, Consejeros Técnicos y Directores de Escuela y Facultad.
Se tenía que perfeccionar el proceso y regular puntualmente su funcionamiento. Si en las elecciones participaba directamente la comunidad, se estaba ratificando el carácter democrático de la institución. En la participación democrática de la comunidad concurrían las diversas expresiones académico-políticas que hacían vida en la Universidad, unas en mayoría, con el derecho a conducir, siempre escuchando, atendiendo e incorporando en lo posible los planteamientos de las minorías y donde las minorías respetaran el derecho de las mayorías a conducir, pero participando en la medida de las circunstancias en la conducción. Así se ratificaría el carácter plural de la universidad.
Si se optaba por mantener el modelo, ¿qué se debía cambiar? Debían cambiar los mecanismos que se diseñaron para equilibrar la función del rectorado, debía cambiar la integración y funcionamiento de la Administración Central y el procedimiento para la aplicación de los recursos. Eso era lo que se consideraba cambiar. Al respecto se argumentaba lo siguiente:
A partir del momento en que se declaraba Rector electo por voluntad de la mayoría, por resolución del Congreso General Universitario, iniciaba el armado de un rompecabezas que jamás se vería completado. Una versión razonable indicaría que declarado el Rector electo debía iniciar los trabajos que convirtieran su programa de campaña en un plan general de gobierno, con sus programas operativos anuales sobre academia, administración y legislación para que, una vez asumido el cargo, lo presentara a la consideración y aprobación del H. Consejo Universitario, reafirmando con ello el carácter máximo de gobierno de esa instancia.
El mecanismo en los hechos era otro: era del conocimiento público que el Rector electo debía iniciar un proceso de concertación con las fuerzas que no alcanzaron el triunfo, sobre lo que no había una sola norma que regulara el proceso. Presente aún el clima de la contienda electoral, las minorías imponían sus tiempos, espacios y condiciones de la concertación, que, de no lograrse, podrían alegar fundamentos legales para objetar cualquier acción de la Rectoría y, como llegó a ocurrir en los hechos, realizar acciones de suspensión de la vida administrativa o académica de la institución.
Autorizada por el H. Consejo Universitario la integración plural de la administración central y al momento de iniciar las labores ordinarias, surgía otra fase que deterioraba el proceso y que por lo menos duraría cuatro años. La disputa por espacios y funciones se volvía cotidiana. Los integrantes de la administración central, más que atender a las indicaciones del responsable de la administración, atendían a los señalamientos de los grupos que los habían propuesto, ya que en los hechos serían éstos los que decidirían su permanencia o remoción.
El Consejo Universitario veía en el Rector, como lo es, el representante jurídico de la Universidad y, a la vez, jefe neto de la Administración Central y único responsable del actuar de todos y cada uno de sus integrantes quienes, a fin de cuentas, actuaban en su nombre. Sin embargo, desde el primer día los principios de autoridad, jerarquía, coordinación y eficiencia de una administración se perdían. Por esa razón un proyecto de transformación universitaria para cualquier Rector quedaba limitado. Cualquier orden, cualquier intento de modificar alguna circunstancia se convertía en un interminable proceso de negociación con las distintas fuerzas. El escenario quedaba listo para el conflicto, porque las fuerzas mayoritarias reclamarían su derecho de materializar su proyecto y las minoritarias exigiendo que se les tomara en cuenta.
Si el modelo se trasladará al manejo de los recursos, los impactos a la institución serían más graves. Una vez cubierto el monto de la nómina, los escasos recursos destinados a gastos de operación serían objeto de presiones constantes, cantidad a disputar por quien más capacidad política tuviera para negociar o movilizar. En los hechos, era un segundo golpe a cualquier proyecto de transformación institucional.
En lo financiero se requería, de una vez por todas, legislar en el sentido de que el primer día del mes de enero el H. Consejo Universitario se reuniera y discutiera la aplicación del presupuesto; que la base de esa decisión fuera el ejercicio financiero anterior. Que de los programas académicos que se hubieran presentado a su consideración se estableciera una prioridad de apoyo, si llegará a existir un incremento de subsidio, ya fuera por la vía ordinaria, extraordinaria o por proyectos específicos.
Que la aplicación para gasto corriente por dependencia y función quedara debidamente establecida. Que la valoración de la integración del gasto corriente se ajustara a aquellos rubros que resultaran excesivos y se apoyaran los que resultaran indispensables. No sólo se requería una transparencia en el manejo de los recursos, se requería que esos recursos fueran destinados a las actividades prioritarias. Aspirar a que el recurso universitario no tuviera otro destino, que no fuera el fortalecer las actividades sustantivas, fuera de voluntades de escuelas o facultades, de grupos o individuos, así de tratará del propio Rector o de los directores de centros, escuelas y facultades.
En ese contexto, se convocaba a los universitarios a un proceso amplio, respetuoso y fructífero de concertación universitaria que diera viabilidad y futuro promisorio a la Universidad, más allá de intereses individuales y de grupo, que el Foro sobre Legislación podría ser el espacio idóneo para la discusión e integración de la Administración Central y los criterios de manejo financiero.
No más anarquía administrativa, no más desorden en el manejo del ya por sí precario subsidio universitario. Que los acuerdos fueran sesionados por el H. Consejo Universitario y, dictada la normatividad del caso, todos la acataran. Normatividad universitaria que protegiera, estimulará y acrecentará las virtudes, conocimientos y creatividad; reafirmando el carácter cultural, democrático y plural de la institución, pero que también juzgara y sancionara con energía aquellos actos que violentaran la convivencia armónica. El estado lo solicitaba, los universitarios lo exigían y la Nación lo demandaba.
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Esta ignorancia es la que ha permitido que se le menosprecie o que se tergiverse su historia.
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1Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
