No es la primera vez que los militares empuñan el mando de la seguridad pública en Zacatecas. El modelo castrense en los aparejos de la Secretaría de Seguridad Pública fue adoptado inicialmente por el ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, quien dio titularidad al General de Brigada Jesús Pinto Ortiz al frente de la policía estatal al inicio de su sexenio en septiembre de 2010.
El ex gobernador consolidó un enfoque militar en las tareas civiles de vigilancia y orden al designar, simultáneamente, a los Generales Jesús Álvarez Pérez y Héctor Sánchez Gutiérrez como “consejeros” para Asuntos de Inteligencia y Seguridad Pública, y para Asuntos de Seguridad Pública respectivamente, en el tándem que abatiría los índices de criminalidad en la entidad. Su campaña electoral fue duramente crítica contra la inseguridad, situación que luego sólo administró pues no hubo una reducción significativa de las incidencias delictivas.
Después de 8 años ininterrumpidos en que los perfiles castrenses ejercieron funciones civiles estratégicas, la designación de Ismael Camberos Hernández se vio forzada a promover un enfoque no marcial en las tareas de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
Sendas críticas en la LXII Legislatura por parte de la oposición (hoy gobierno) le valieron la renuncia a Froylán Carlos Cruz, General Brigadier en Retiro, que asumió el mando civil de la seguridad en Zacatecas por sugerencia del ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, General de División.
Los argumentos de la Regeneración Nacional y sus aliados, abrieron el camino a un nuevo episodio de la vida pública en el que los militares abandonaran las funciones civiles. Ello con la finalidad de que la Secretaría de Seguridad Pública redujera el uso desmedido del monopolio de la fuerza, y por ende se desincentivaran los enfrentamientos armados en los espacios públicos.
Como antecedente enmarcaron el choque entre policías federales y el magisterio oaxaqueño, el pasado 19 de junio de 2016 en la comunidad de Asunción Nochixtlán, donde Froylán Carlos Cruz delineó la táctica marcial de contención y disuasión contra un grupo nutrido de inconformes de la reforma educativa. Así ejemplificaron la “represión sangrienta” y el exceso que suponía mantener a los militares en los mandos civiles.
Como oposición, la Regeneración Nacional, así como el Partido del Trabajo, se pronunciaron por la “desmilitarización” del país, pues atestiguaban cómo los movimientos sociales que nutrían su agenda eran sobrepasados por el uso efectivo de la policía (con mandos castrenses). Hoy, sin embargo, deberán dejar atrás la tradición de desprestigio a las fuerzas armadas y tendrán que trabajar codo a codo en una política de seguridad que pondrá a prueba sus prejuicios sobre las fuerzas armadas.
Las premisas con las que ahora justifican el viraje en las políticas de Andrés Manuel López Obrador, es que reciben un país en ruinas, y desconocían el nivel de penetración que habría alcanzado el crimen organizado en las instituciones del estado mexicano.
Vale la pregunta: ¿durante los doce años en que López Obrador recorrió el país, municipio por municipio, el presidente constitucional desconoció, hizo caso omiso, o simplemente no supo leer las condiciones que se gestaban en el país alrededor de los fenómenos delictivos? ¿En serio desconocían el nivel de desarrollo de la criminalidad en el país?
La descalificación a las fuerzas armadas fue sistemática en el discurso de Andrés Manuel, especialmente en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que su estrategia de “gabinete sombra” del “gobierno legítimo” lo llevó a asegurar, sobre la militarización del país: “le pegaron un garrotazo a lo tonto al avispero”.
Ese era el nivel de compromiso que ofrecía la oposición (hoy gobierno) a las fuerzas que en adelante darán sentido y resultados a su gobierno recién iniciado. ¿Una relación de antipatía que ahora se transforma en lealtad irrestricta al “pueblo uniformado”? Las reservas se mantendrán de ambos lados hasta que el rompecabezas de seguridad comience a tomar forma.
Las fuerzas armadas en la actualidad carecen de un marco regulatorio definitivo que ofrezca certidumbre a su acción en campo; una deuda que tendrá que resolver el presidente constitucional. De ahí que, la modificación inmediata en el plan de coordinación institucional únicamente permita a las fuerzas castrenses definir el esquema táctico que operarán las policías federal, estatal y municipal en conjunto.
No obstante, de mayor preocupación para los cuerpos castrenses debería ser el mensaje implícito del presidente constitucional al definir que las coordinaciones territoriales, en manos de los Delegados de Programas de Desarrollo, sean el nuevo cuerpo que “diagnostique” la “problemática social” en los municipios de la entidad.
Ni la Delegada Verónica del Carmen Díaz Robles, mucho menos los coordinadores territoriales, acreditan experiencia, antecedentes o demostrada capacidad en el terreno de diagnósticos e insumos para la seguridad pública. Dejarán las responsabilidades (y los costos) en manos del Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, al frente de la Undécima Zona Militar. ■
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