Si cualquiera de nosotros rentamos nuestra casa, y los inquilinos tumban una pared, perforan el techo y dañan los baños, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con la renta? La evidencia es que no, pedimos se paguen los daños ocasionados. Ahora, ¿quién es el dueño de los recursos del subsuelo (y del suelo)? Pues es la nación, es decir, de todos los mexicanos representados por el Estado. Supongamos que somos dueños de un estanque de peces, y alguien nos pide hacer un negocio: ellos sacan los peces del agua, pero ¿a cambio de una pequeña comisión o, en cambio pedimos dividir las ganancias de la venta de los peces? Pedimos compartir el valor del producto. Pues bien, en el caso de la minería es el mundo extraño donde pasa lo que no ocurriría en los casos más triviales en el planteamiento de un negocio.
Empresas mineras extranjeras (88 por ciento de las megaempresas lo son), sacan riqueza de nuestro subsuelo, destruyen el suelo y gastan cantidades gigantescas de agua devastando los acuíferos, y sólo pagan una pequeña contribución. En los contratos de aprobación de la explotación de los metales y minerales, ¿no se cuantifica el reparo del costo del suelo y el agua? Al destruir el suelo, se elimina flora y fauna muy importante para el medio ambiente del estado. Y del agua no se diga: es la vida misma la que se escapa. La destrucción de esos elementos no tiene precio, es muy difícil encontrar un equivalente monetario a la ruina de un acuífero o a la pérdida de una especie de flora o de fauna; sin embargo, se hacen los cálculos tomando como base el costo de la resiliencia o de la recuperación del ambiente como originalmente estaba. Es como cobrar a los mencionados inquilinos lo que cuesta recuperar la pared tumbada. De esta manera ya Inegi calcula el Producto Neto Ambiental, en el cual se le restan los costos ambientales del Producto Interno Bruto. Es decir, son cálculos que ya se hacen. Pero sólo para las cuentas nacionales, no para los contratos de las mineras. Los estudios de impacto ambiental los hacen… ¡las empresas mineras! ¿Adivinamos los resultados de esos estudios?
La Ley minera parece redactada por los gerentes de las compañías mineras extranjeras. Es inconcebible por los términos en que está redactada. El poder político de las mineras es tan grande que ahora mismo no sólo tienen concesionado la mitad del territorio nacional, sino que pudieron redactar las leyes que los rigen. ¿Y los gobernantes en turno desde 1992? Pues han sido meros empleados de estas empresas, no representantes de los intereses de la nación. ¿Qué ocurriría si un abogado representante nuestro (como dueños de la casa destruida) firma un convenio con los inquilinos que, en caso de daños a la casa, los dueños pagarán esos costos? Pues de entrada lo calificamos de traidor a la confianza, y más cuando le pagamos para que nos represente. En suma, lo mínimo que se puede pedir en el trato con las mineras, es que paguen los costos ambientales que provocan, y hasta ahora no lo hacen. A través de un impuesto o de convenios de resarcimiento.
