Ciudad de México. Las comisiones dictaminadoras, que analizaron al veto presidencial a diez artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, circularon ya el dictamen en el que destacan que “coinciden con el ejecutivo” en que haber incluido “la obligación de que particulares presenten sus declaraciones patrimoniales y de interés, puede constituir una intromisión en su esfera jurídica, particularmente en su privacidad y podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud, y la libertad personal”.
Asimismo, las comisiones unidas de Anticorrupción, de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda, sostienen en el dictamen que “estiman pertinente la observación, ya que no debe introducirse de manera arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar sus derechos humanos; puesto que dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos admisibles de entre los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas y la reforma constitucional no prevé este supuesto”.
Además, reconocen los senadores, la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses a los particulares a que se refiere el artículo 32 de dicha ley, “establece una carga a los particulares sin distinguir la situación específica en la que se encuentran frente al Estado por lo que la constreñir con las mismas obligaciones a sujetos que se encuentran en circunstancias distintas, vulnera el principio de igualdad.
Los legisladores hacen notar que de no modificar los artículos observados “se aplicará de manera indiscriminada la ley a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinción; incluso entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público”.
Señalan en el dictamen que el artículo 108 constitucional señala expresamente que la declaración patrimonial y de intereses son para los servidores públicos, exclusivamente, por el simple hecho de tener ese carácter.
Los senadores refieren que en el artículo 32 se estableció “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contratos bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, de las entidades federativas y los municipios, debe presentar estas declaraciones”, lo cual, sostienen, resulta sumamente abierta o amplia para determinar con certeza los destinatarios de esta obligación, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
Subrayan que ello, “no implica que los particulares no deban someterse a reglas legales en las relaciones que entablen con el Estado, sino que las cargas que se les impongan deben ser racionales, proporcionales y atender a supuestos específicos como las previstas en los artículos 44 y 45 de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
De igual forma las comisiones dictaminadoras señalan que “la presentación y la declaración patrimonial y de intereses de los particulares puede devenir en una intromisión injustificada a la vida privada y sus datos personales, protegidos por los artículos 6 y 16 de la Constitución, toda vez que se les obligaría a manifestar ante autoridades del Estado datos específicos de su patrimonio que podrían no estar vinculados con los recursos públicos, así como las relaciones que estos mantengan con otras personas”.
Sostienen los senadores que, la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación desmedida de otros bienes y derechos protegidos constitucionalmente y, por ello, “la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud, y la libertad personal”.
