Matías Chiquito Díaz de León, delegado estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el “Plan B” de la Reforma Electoral afectará los procesos electorales que se avecinan, pero hay la expectativa de que los tribunales den marcha atrás con esta iniciativa antes de agosto próximo.
Expuso que el “Plan B” contempla reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a seis leyes de contenido electoral, pero el “Plan A” era un paquete de reformas constitucionales que finalmente no fue votada y no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, el “Plan B” contiene la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“La parte más compleja de las reformas es una modificación al Artículo 33, en el que se determina la estructura del INE en las entidades federativas. La ley establecía que en cada entidad habría una Junta Local, una Junta Local Ejecutiva y una Junta Distrital Ejecutiva en cada uno de los distritos electorales, mismas que ahora son eliminadas”, dijo.
Chiquito Díaz de León indicó que esta reforma desaparece la Junta Local Ejecutiva y las cuatro Juntas Distritales Ejecutivas del INE en Zacatecas, mismas que ahora serán sustituidas por un Órgano Local, con 3 funcionarios, despidiendo a dos y por las llamadas Oficinas Auxiliares, con un funcionario titular denominado Vocal Operativo.
“Esto implica el despido de cuatro personas, además de que limita actividades delicadas como la integración y ubicación de las casillas, la capacitación a la ciudadanía, la recepción y resguardo de la documentación electoral (boletas y actas de casilla), el conteo y sellado de las boletas electorales, la verificación de la cantidad exacta recibida y la agrupación para cada casilla según el número de electores, entre otras actividades”, detalló.
Además, refirió que la reforma recorre el inicio del proceso electoral de septiembre (actual) a noviembre y cambia el criterio de actos anticipados de precampaña que sólo se consideran durante el tiempo de proceso electoral.
Otro efecto de la reforma, dijo, es el cese en sus funciones al secretario ejecutivo quien era el mando jerárquico del personal del INE; lo cual puede generar retrasos en la expedición de la credencial para votar, ya que por Ley este funcionario es quien firma las credenciales.
Además de que se elimina al funcionariado del Servicio Profesional Electoral y sus plazas, Chiquito Díaz de León comentó que se elimina también la toma de decisiones colegiadas, es decir en grupo, y confiere la decisión a la persona que coordine.
En consecuencia, informó que la vía legal para dar marcha atrás con esta reforma consiste en presentar acciones de inconstitucionalidad, pero éstas sólo las pueden presentar los partidos políticos a través de sus dirigencias y también las minorías del Congreso de la Unión, es decir, el 33 por ciento de las y los diputados y/o el 33 por ciento de las y los Senadores.
Ante esa situación, exhortó a reflexionar hacia dónde se podría encaminar el futuro de las elecciones en México, y si el antídoto para evitar los fraudes fue crear un cuerpo de especialistas en la organización de elecciones al cual se llamó Servicio Profesional Electoral, ahora con las reformas este organismo ha sido eliminado.
