Este martes, el Consejo Universitario aprobó establecer una mesa de trabajo para discutir la crisis financiera de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y una posible reforma política a la institución, después de un largo análisis sobre la extensión de periodo del rector Rubén Ibarra Reyes.
En esta sesión también se aprobó la convocatoria para la construcción de un protocolo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual en la Máxima Casa de Estudios.
La propuesta para instalar una mesa de deliberación y conciliación sobre dos temas clave para la institución, la planteó Félix Vázquez Acuña y el director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo, quien también consideró que la extensión de periodo del rector no representa un problema jurídico.
«Lo que se hizo fue regularizarlo para que quede de cuatro años en septiembre otra vez”, puntualizó Torres Inguanzo.
En contraposición a esto, varias intervenciones señalaron que la extensión de esta administración es un problema tanto político como jurídico.
El ex rector Antonio Guzmán expresó su preocupación por la posibilidad de que la extensión del actual rectorado siente un precedente que permita a futuras administraciones prolongar sus mandatos.
«Sí hay conflicto de interés, porque quien toma la decisión se beneficia automáticamente de ella», expresó Vladimir Viramontes, cuestionando la representatividad de las y los consejeros que votaron por extender el período de la administración actual, señalando que, a diferencia de lo que mencionó Lorena Jiménez, las comunidades de las unidades académicas no fueron consultadas respecto a esta decisión.
En este tenor, también se cuestionó la creación de nuevas unidades académicas por el gasto financiero que implican.
Se mencionó que las contrataciones por honorarios, que ya son parte del presupuesto, podrían generar costos adicionales al regularizarse en el futuro. Además, se advirtió que la sobrecarga de trabajo del personal docente, que en algunos casos está dando clases gratis, también deberá atenderse en algún momento.
Anteriormente, Laura Hernández Martínez, en representación de la Secretaría Académica, había informado que se recibieron varias solicitudes de unidades académicas para la creación de nuevos programas y que tres de ellos ya han sido dictaminados: el Doctorado en Cultura Escrita y Comunicación de la Unidad Académica de Letras, la Especialidad en Odontología Integral de la Unidad Académica de Odontología, y la Licenciatura en Matemáticas Educativas de la Unidad Académica de Matemáticas.
Solicitó que estos programas sean presentados para su aprobación en la sesión del Consejo Universitario del 17 de octubre. También mencionó que hay otros siete programas en proceso de revisión.
Al respecto, una docente de la Unidad Académica de Letras expresó su preocupación de que la creación del nuevo posgrado no responde a una demanda académica real, sino más bien a la necesidad de acomodar a maestros que, debido a la reducción de la matrícula en otros turnos, ahora quedarían sin carga docente.
Subrayó que este nuevo posgrado se propone para solucionar un problema interno de la unidad, más que para atender una demanda genuina de los estudiantes.
Denuncian falta de transparencia en solicitud de crédito avalada por rector
Al final de la sesión, Sonia Viramontes denunció que el rector y la presidencia colegiada mintieron al Consejo Universitario sobre la firma de un documento para solicitar un crédito, el cual habría sido pedido ante la Legislatura, específicamente para obtener una línea de endeudamiento con el objetivo de pagar la deuda que la Universidad tiene con el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), denunció la docente.
Comentó que, durante una sesión previa, ella había preguntado directamente si se había firmado un documento para avalar una solicitud de endeudamiento, y le respondieron que no. Subrayó las graves consecuencias que esta mentira podría tener para la institución.
Ante esto, el secretario general de la UAZ, Ángel Román negó que la presidencia colegiada del Consejo Universitario hubiera firmado un documento para avalar el crédito mencionado.
Al recibir de manos de la denunciante el documento que avalaría dicho crédito, Román aseguró que, si el rector había firmado algo, no fue con el aval de la presidencia colegiada y negó haber mentido. Añadió que no reconocía esa firma y expresó su disposición para aclarar el asunto en otro contexto si fuera necesario.
