■ Se pretende pasar de un gobierno centralista a uno de especialidades, aseveró el mandatario
■ Prevé modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública; propuesta, ya en el Congreso
Con el objetivo de restablecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, además de transitar de un modelo de gobierno centralista a uno de especialidades, el gobernador Alejandro Tello Cristerna dio a conocer su propuesta de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública en la que se contempla la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción.
Acompañado por integrantes de su gabinete en conferencia de prensa, informó que la propuesta ya ha sido enviada al Congreso del estado y en ella se detalla que el Sistema Estatal Anticorrupción estaría conformado por tres Fiscalías, una Anticorrupción, otra de Delitos Electorales y otra más en Derechos Humanos.
Entre los aspectos destacables de esa propuesta, el gobernador señaló que al tener autonomía, el sistema no dependerá del Gobierno del Estado para tomar decisiones directas, sino que el fiscal asumirá toda la responsabilidad.
Aseguró que su administración no escatimará recursos en la impartición de justicia y para tal efecto se destinaría un presupuesto importante a ese sistema, además de proveer de las condiciones necesarias a su personal.
“Esto tiene como objetivo restablecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades; es de todos sabido que hoy requerimos darle certeza a la gente de que su gobierno trabaja bien, de manera transparente y que cualquier persona pueda conocer lo que se está haciendo”, dijo Tello Cristerna.
El coordinador general jurídico, Jehú Salas Dávila, comentó que el Sistema Estatal Anticorrupción tendrá como objetivo coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción y será integrado por un comité coordinador y un comité de participación ciudadana, mediante los cuales se garantiza la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
El comité coordinador estará integrado por la Auditoría Estatal del Estado; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante del Comité de Participación Ciudadana.
El Sistema Estatal Anticorrupción también plantea modificaciones en las tareas realizadas por distintas dependencias, tal es el caso de la Auditoría Superior del Estado, a la que se propone eliminar los principios de anualidad y posteridad con lo que ésta podrá revisar los ejercicios fiscales en curso.
En ese sentido, la Secretaría de la Función Pública será el órgano de control del Ejecutivo y su titular será nombrado por el gobernador y habrá de ser ratificado por mayoría de los miembros presentes de la Legislatura. Ésta contará con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.
El resto de los entes públicos estatales y municipales contarán también con órganos internos de control, los cuales tendrán facultades similares a las de la Secretaría de la Función Pública, pero estos serán nombrados por la Legislatura del estado.
También se propone la creación de una Fiscalía General de Justicia del Estado, dotada de autonomía, cuyo titular durará en su cargo siete años y será designado por un mecanismo de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
Salas Dávila expuso que el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado cambiaría su nombre a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, el cual será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves.
La iniciativa plantea además la creación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, autónomo, que será encargado de dirimir las controversias de los trabajadores al servicio del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales con los órganos y dependencias de ambos niveles de gobierno, derivados de las relaciones de trabajo.
Respecto a la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, se espera que sea a la par que lo hagan las leyes reglamentarias que deberán ser emitidas o armonizadas en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.
La Unidad de Planeación se transformará en la Coordinación Estatal de Planeación, misma que ejercerá atribuciones, de forma general, en cuanto a validación y evaluación de las políticas públicas, planes, programas, obras y acciones que ejecute la Administración Pública Estatal.
Por su parte, la Dirección de Transporte Público, Tránsito y Vialidad se descompone en dos áreas sustantivas; la primera se refiere al Transporte Público, misma que será ejercida desde una Subsecretaría, dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno del Estado y se especializará en atender a los transportistas, los trámites que deriven de las concesiones y la ejecución de los planes y programas para el mejoramiento del servicio; la segunda se refiere a Tránsito y Seguridad Vial, que seguirá siendo atendida desde la Secretaría de Seguridad Pública.
Por último, la Subsecretaría de la Juventud y la de Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, se transformarán en organismos públicos descentralizados, cada uno especializado en su área y con plena autonomía de gestión.
